Reflejo de avaricia institucionalizada

Por Joanisabel González

joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

Según el profesor de Finanzas, Antonio Fernós Sagebién, las alegadas deficiencias identificadas por la FDIC revelan que los otrora oficiales y directores bancarios incumplieron con su deber de fiducia, mientras los reglamentadores no ejercieron su deber como correspondía.

Y ambos jugadores, una vez se validen mediante fallos judiciales, asestaron un severo golpe a la confianza de consumidores y empresas y, por ende, a la actividad económica, agregó el académico.

"La irresponsabilidad de muchos banqueros, si son ciertas esas alegaciones, pudiese trabajarse como una analogía a cualquier crimen que se cometa en la Isla porque, a fin de cuentas, lo que hicieron fue lacerar la capacidad productiva del país", sostuvo Fernós Sagebién.

"Los reglamentadores están mitigando los daños ahora. Acción correctiva, no hubo ninguna", agregó.

"En cientos de informes, los reglamentadores indican que criticaron las malas prácticas. Pero eso fue llenar papeles, pues, al no actuar, según provee la reglamentación desde hace tres décadas, se convirtieron en una amenaza no creíble y los banqueros continuaron asumiendo estrategias de mayor riesgo", sostuvo.

El Nuevo Día reveló las acciones legales incoadas por la FDIC para recobrar unos $ 628 millones de sobre una treintena de exejecutivos y exdirectores bancarios en la Isla, quienes -según el reglamentador- incurrieron en negligencia crasa al supervisar las operaciones bancarias.

Las pérdidas totales superan los $ 5,700 millones en ambas instituciones, según la FDIC.

En sus reclamos, la FDIC alegó que varios préstamos concedidos por R-G Premier se otorgaron a personas con empíricas de unos 480 a 550 puntos, aun cuando el requisito mínimo era 600 puntos. Otros se concedieron...

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