Repudio masivo al Código Penal

Por Yanira Hernández Cabiya y Keila López

puertoricohoy@elnuevodia.com

Ese enfoque punitivo se manifiesta también en la ampliación de las definiciones de delitos y el aumento dramático de las penas de cárcel. Por eso, la medida está bajo fuego de varias organizaciones cívicas y políticas que entienden que en su afán de combatir la criminalidad, el gobierno está optando por afectar los derechos ciudadanos.

Un ejemplo claro de la ampliación de la definición de un delito ocurre en el caso del escalamiento. Por ejemplo, una persona que entre a un edificio abandonado que no es de su propiedad podría ser acusada de escalamiento y condenada a 15 años de cárcel.

Y si esa persona es usuaria de drogas, como sucede en ciertos casos de escalamiento, no podría cumplir su condena bajo restricción terapéutica para rehabilitarse de la dependencia, pues el estatuto propuesto elimina esta disposición.

"El escalamiento agravado serán ahora prácticamente todos los escalamientos, ya que se cambió la definición de lo que es un edificio ocupado. La definición es bien amplia, es prácticamente cualquier estructura, desde una casa hasta un almacén, y puede estar en desuso. Entre abogados se dice que el escalamiento es el delito que se comete con la mente, porque lo que tienes que hacer es meter una mano en una estructura y ya se configuró el delito", expresó Verónica Vélez, asesora de legislación y educación jurídica de la Sociedad para la Asistencia Legal.

El Código Penal es el conjunto general de reglas que establecen las conductas consideradas delitos, y las penas que cumplirán quienes violen esas disposiciones.

El gobierno considera el virtual nuevo estatuto una herramienta contra la criminalidad que azota de diversas maneras a la sociedad puertorriqueña.

Pero, de acuerdo con Vélez, "no es posible culpar por la criminalidad a la ausencia de prohibiciones de conductas. En nuestra sociedad la mayoría de las penas son excesivas y eso no ha servido de disuasivo para los que delinquen".

Entre los delitos cuyas penas aumentan dramáticamente con el propuesto código está la agresión sexual, que de su actual pena máxima de 25 años, aumenta a 50 años como pena fija.

Con el código vigente, si no se presentaban agravantes, la persona convicta podría tener que cumplir hasta 20 años de prisión como pena media. Si se convierte en ley el Código propuesto, la pena sería fija de 50 años y se reduciría o elevaría en un 25%, dependiendo de si se prueban agravantes o atenuantes.

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