Un rescate económico hecho en Puerto Rico
El nuevo capítulo de la saga de la quiebra del Gobierno es el comienzo del proceso reestructuración de gran parte de la deuda, bajo el Título III de PROMESA. La primera vista de la “quiebra territorial” fue el pasado miércoles, y la amplia cobertura mediática nos deja saber que, en efecto estamos haciendo historia, por las razones menos gloriosas.
A casi un año de entrada en vigor la ley PROMESA es momento de comenzar a reflexionar sobre si la nueva ley y la Junta Fiscal han actuado acorde a las expectativas que teníamos. Esta reflexión es necesaria, para asegurarnos de que, por primera vez en mucho tiempo, hagamos algo bien por el País. No hay espacio para errores, como dijo la jueza federal Laura Taylor Swain, asignada a ver la quiebra gubernamental.
A la misma vez que iniciaba la histórica vista en el Tribunal Federal de Hato Rey, tuve el privilegio de ser orador en los actos de apertura de un conversatorio de la Cámara de Comercio. El enfoque de mi presentación a los empresarios allí reunidos, incluyendo pasados presidentes de ese gremio empresarial, fue que había que retomar el tema del desarrollo económico dentro de la discusión de la crisis fiscal.
Manifesté mi preocupación de que, a casi 12 meses del inicio de PROMESA, toda la energía sigue enfocada en la reestructuración de la deuda y la implementación del Plan Fiscal. El problema de fondo, que es el colapso productivo de la Isla, se continúa ignorando y peor aún, se continúan tomando medidas sin fundamentos de cómo se sostendrán en el largo plazo.
Por ejemplo, esta semana se anunció que tanto la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), llegaron a acuerdos con sus acreedores bajo el Título VI. El acuerdo supone esfuerzos de repago de la deuda por un período prolongado de tiempo (mucho tiempo), sin embargo, se ignora si habrá la actividad económica necesaria y el nivel poblacional que óptimo para que la AEE tenga la clientela necesaria y por ende, los recursos para poder pagar la nueva deuda reestructurada.
Igualmente, el acuerdo con los bonistas del BGF, que supone pagar la deuda con los ingresos de los préstamos de los municipios por las próximas dos décadas. Eso presupone, que las condiciones macroeconómicas y fiscales a mediano plazo permitirán que los ingresos de los municipios sean suficientes para pagar la nueva deuda renegociada bajo el Título VI.
Me temo que nuevamente, estamos subestimando las razones de la actual crisis y se están...
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