Respaldo al reclamo de los sindicatos

Varias organizaciones de la sociedad civil se unieron ayer a la denuncia de los sindicatos que representan a los empleados públicos sobre los presuntos intentos del gobierno de promover la desafiliación de los unionados.Representantes de organizaciones profesionales y civiles coincidieron en que la administración de Ricardo Rosselló Nevares se extralimitó al interpretar el alcance del caso del Tribunal Supremo federal Janus v. Afscme para supuestamente tratar de socavar la capacidad de los sindicatos como voz de oposición a las políticas de austeridad que intenta implantar.Diversas uniones obreras demandaron al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para detener la repartición de formularios de desafiliación en las agencias. El pleito aún no se ha resuelto."El plan es debilitar al pueblo a través de diferentes maneras. Sabemos que la Junta de Control Fiscal tiene un plan que es, no solamente quitarles derechos a los trabajadores, sino al pueblo en general, y sabemos que el gobierno coincide con ese plan", sostuvo en una conferencia de prensa Ana Irma Rivera Lassén, portavoz de la organización Vamos Puerto Rico.Otro ejemplo que ofrecieron los grupos fue la interpretación del Departamento de Justicia local de que la resolución del caso federal incluía a empleados de corporaciones públicas y gremios bona fide, como la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU)."Quieren cerrar recintos de la UPR, y saben que uno de los obstáculos para lograr eso es la Hermandad (de Empleados Exentos No Docentes), la APPU y los estudiantes, y tienen que tratar de destruirlos...

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