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Responsabilizan a la Junta y Aafaf

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Vincent

El Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 tiene 24 plazas por llenar, y una controversia entre esa entidad, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) le complica la tarea de reclutar y retener personal.La disputa en torno a la interpretación de la Ley 32 del 2020, explicó ayer el comisionado Manuel González Azcuy, ha impedido que los empleados del Sistema de Emergencias 9-1-1 puedan disfrutar los beneficios de su convenio colectivo, pues la sección 3 del estatuto quedó sin efecto luego que la Aafaf notificara a la JSF que incumple con el plan fiscal certificado.Con la Ley 32, producto de un proyecto de los senadores Henry Neumann y José Vargas Vidot, se pretendió ponerle fin a una práctica que comenzó, en el 2014, mediante la cual el gobierno central le quitaba fondos al Sistema de Emergencias 9-1-1 con diferentes propósitos.Además, la sección 3 de la ley establece que, al Negociado -que no recibe recursos del Fondo General- no le aplicaría la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal" (Ley 26-2017), que congeló los beneficios de los convenios colectivos.González Azcuy estimó que el impacto de la sección 3 sobre las finanzas del Sistema de Emergencias 9-1-1 es $1 millón. "Tenemos el dinero para pagarlo porque el Negociado tiene...

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