A restituir directivos de Estadísticas
El juez superior Anthony Cuevas Ramos ordenó ayer al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, “cesar y desistir” de interferir con el funcionamiento del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y ordenó la restitución de los cuatro directivos que el primer ejecutivo destituyó el año pasado para dar paso a sus propios designados.
En un fallo de 35 páginas en el que el juez analiza extensamente la jurisprudencia en torno a la designación y destitución de funcionarios y miembros de juntas de directores, Cuevas Ramos concluyó que el gobernador Rosselló Nevares actuó de manera contraria a la ley cuando, aplicando la Ley 3 de 2017, removió a directivos, cuyas facultades no son exclusivas de la rama ejecutiva.
El fallo de Cuevas Ramos en el caso del Instituto de Estadísticas representa el primer revés que recibe Rosselló Nevares para una ley aprobada bajo su mandato.
De igual forma, la sentencia de Cuevas Ramos supone la primera fisura en la Ley 3 de 2017, el estatuto que amplió las facultades del gobernador y las de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) con el propósito de atender la crisis fiscal y asegurar la implementación de la ley federal Promesa.
“La destitución de los demandantes como miembros del Instituto fue nula e ilegal”, reza el fallo de Cuevas Ramos sobre la remoción de los directivos Antonio Fernós Sagebién, Ana L. Dávila Román, Marta Álvarez Burgos y Sonia Balet Dalmau.
Reacciona el gobernador
Tras conocer el fallo, Rosselló Nevares dijo a El Nuevo Día que examinará el fallo en su contra.
“Como todo proceso legal, nosotros estaremos evaluando lo que son las opciones. Estaré leyendo la decisión y después informaremos lo que será nuestro curso de acción”, indicó el mandatario.
Según el análisis de Cuevas Ramos, que, entre otras cosas, se basa en jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, “el alcance de la facultad del primer ejecutivo para destituir funcionarios subordinados a él depende necesariamente de las funciones que ejerza el funcionario y si las mismas son la esencia del poder ejecutivo”.
“Entendemos que esta situación de incertidumbre le está ocasionando daños al Instituto y, en última instancia, a nuestro país, porque ello repercute en la validez y efectividad de las decisiones tomadas y anunciadas por ambas juntas”, sostuvo el juez superior.
Trayectoria contracorriente
La decisión de Cuevas Ramos se produjo un día después de que, en una clara señal de respaldo al...
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