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Resuena la negativa del Congreso

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Vincent

WASHINGTON.- Para un experto del grupo de estudio Instituto Cato, es desalentador que en una era de tantas divisiones político partidistas, los demócratas y republicanos del Congreso hagan causa común al oponerse a otorgar una dispensa a Puerto Rico, para el transporte de gas natural, en las leyes federales de cabotaje."Es notable y deprimente, que se encuentre un raro bipartidismo en la oposición a una medida que brindaría acceso a energía más barata a personas que se enfrentan a dificultades", indicó ayer Colin Grabow, analista de Política Pública del Centro de Política Pública Comercial del Instituto Cato, con oficina en Washington D.C.Grabow se refirió a la carta que envió el liderato del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE.UU.) a la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen M. Nielsen, para solicitar que se le niegue a Puerto Rico una dispensa de 10 años para el transporte de gas natural, como parte del proceso de "transformación" del sistema energético de la isla."Pensamos que no existen razones válidas de defensa nacional para respaldar esta solicitud de exención de la Ley Jones para Puerto Rico, especialmente por un período de 10 años", indicaron el presidente del Comité, el demócrata Peter DeFazio (Oregón), y el portavoz republicano Sam Graves (Misuri).Bajo las leyes de cabotaje, incluidas en la Ley Jones de 1920, el transporte de carga marítima entre EE.UU. y Puerto Rico tiene que hacerse en barcos que son propiedad, de bandera, fabricación y tripulación estadounidenses. Los demócratas suelen apoyar a los sindicatos de trabajadores de la industria naviera, y los republicanos a los empresarios.Por entender que no hay barcos estadounidenses disponibles para el transporte de gas natural de EE.UU. a Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló anunció, en diciembre pasado, la presentación de una solicitud de dispensa, que habría sido sometida ante los departamentos de Seguridad Intena y Defensa.Según los expertos, para conseguir una exención de las leyes de cabotaje, el gobierno de Puerto Rico tendría que demostrar que es un imperativo a favor de la seguridad nacional estadounidense. El gobierno no ha hecho público el documento con su solicitud."Debido a que ningún barco estadounidense sería desplazado por esta exención y ni un solo marinero perdería su trabajo, uno no puede dejar de preguntarse de dónde emana esa oposición. El cínico, que generalmente está correcto en el...

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