Revés judicial para Pablo Casellas
Por Cynthia López Cabán
cynthia.lopez@gfrmedia.com
El juez José Ramírez Lluch entregó ayer la resolución a los abogados defensores Harry Padilla Martínez y Arturo Negrón García y al ministerio público, previo a un receso declarado en su sala, donde se escogen a los jurados que evaluarán la evidencia que los fiscales Sergio Rubio, Janet Parra y Phoebe Isales presentarán contra Casellas Toro.
Casellas Toro enfrenta cargos de asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y declarar falsamente un delito.
Inmediatamente, los licenciados Negrón García y Padilla Martínez anticiparon que recurrirán la determinación de la magistrada.
Durante la vista de supresión de evidencia, celebrada la semana pasada, la defensa argumentó que los últimos dos registros realizados al automóvil de su cliente no se hicieron en un término razonable. Afirmó también que el segundo registro se hizo después que transcurrieron más de 10 días del consentimiento escrito que su cliente les había dado a los agentes que investigaban el incidente de "carjacking" que el corredor de seguros alegó haber sufrido el 17 de junio de 2012 en Levittown. Casellas Toro firmó el consentimiento escrito el 25 de junio de 2012.
Sin embargo, los fiscales argumentaron que el propio Casellas Toro no revocó sino que, por el contrario, renovó en varias ocasiones el consentimiento cuando llamaba a los agentes federales para que le devolvieran el carro. Recalcaron que en ese momento Casellas Toro era víctima perjudicado y no sospechoso del crimen de su esposa, ocurrido el 14 de julio de 2012 en la urbanización Tierralta III en Guaynabo.
En su resolución de 25 páginas, la magistrada concluyó que los registros realizados al Acura el 16 de julio y 13 de agosto de 2013 "fueron legales y razonables".
"El hecho de que se ocupe evidencia obtenida mediante el consentimiento de una persona para investigar unos hechos y que luego se utilice en contra de esa misma persona en otro proceso, como se pretende hacer en el presente caso, no permite la conclusión de que dicha utilización está fuera del alcance del consentimiento", afirmó Durieux Rodríguez.
También indicó que las comunicaciones entre Casellas Toro y el agente Greg Gruel para conocer si se había completado el registro y se le podía entregar su vehículo no constituyen una revocación de consentimiento como argumentó la defensa "toda vez que éste nunca objetó el que el registro no se hubiera hecho y aceptó esperar".
Ayer...
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