En riesgo el “plan b” en caso de apagón
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) quedaría desprovista de resguardo en caso de apagones si el gobierno de Puerto Rico no logra la extensión que solicitó para que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos permanezca en la isla a cargo de la operación de generadores que sirven de back up al sistema.
El representante autorizado del gobernador ante la Agencia Federal para el Maneio de Emergencias (FEMA), Omar Marrero, aseguró que la isla quedaría en un estado de indefensión porque estos generadores han servido de “plan b” para la AEE cuando han ocurrido apagones, como el del 18 de abril.
Por esa razón, el gobierno solicitó a FEMA una segunda extensión en la cubierta total para la categoría A y B del Programa de Asistencia Pública. La categoría A cubre la remoción de escombros y está vigente hasta el 17 de junio. La categoría B cubre medidas de protección de emergencia y está vigente hasta mañana. Esa categoría no solo incluye los generadores, sino también la restauración de viviendas, el programa Tu Hogar Renace, reparaciones de la red energética, desalojo y refugio, seguridad, búsqueda y rescate e, incluso, el programa de refugio federal, conocido por sus siglas en inglés: TSA.
Ambas categorías se sufragan con fondos de FEMA en un 100% hasta las fechas de vigencia. De no lograrse una extensión autorizada por FEMA, el gobierno de Puerto Rico deberá pagar el 10% de los costos, que actualmente están cubiertos para proveer energía temporera a través de generadores y restaurar el sistema eléctrico, entre otros.
El gobierno pide una extensión de 90 días para la categoría A y, de 180 días, para la categoría B. Pese a la importancia del asunto, las extensiones fueron solicitadas el pasado 29 de abril. En la carta que envió Marrero a FEMA, lamenta no haber pedido antes la extensión al reconocer que los generadores son “críticos” para darle estabilidad al sistema eléctrico.
“Se está solicitando porque aún hay puertorriqueños y puertorriqueñas con unas necesidades que nos obligan a solicitar estas extensiones debido a que, sin ellas, se nos haría bien difícil -por la situación fiscal en la que nos encontramos- poder hacernos responsables del costo”, dijo Marrero en entrevista telefónica.
“Todo ese trabajo tiene un costo. Si nosotros no pedimos la extensión del 100%, tendríamos que pagar un 10%. Para nosotros, es crítico tener esta extensión o, de lo contrario, tendríamos que parar algunos programas. No podríamos hacerlos”, añadió.
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