Rosselló corregirá el presupuesto
En un plazo de 48 horas que va en conteo regresivo, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares tendrá que negociar con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cómo atenderá una deficiencia de $319 millones en el presupuesto del próximo año fiscal que, de no corregirse, resultaría en la activación de la reducción de la jornada laboral o la eliminación del bono de Navidad.
Aunque la semana pasada, Rosselló Nevares aseguró que no dará paso a la reducción de la jornada laboral, anticipándose así a lo que ahora es un señalamiento adverso al primer presupuesto recomendado de su término, ayer, el mandatario y los líderes legislativos de su partido, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, parecieron allanarse a las exigencias del organismo federal.
La JSF le escribió a Rivera Schatz y Méndez para reconocer que el ejercicio presupuestario que se completó hace unos días fue encomiable, dadas las difíciles circunstancias en que se encuentra el erario puertorriqueño.
Pero, acto seguido, el presidente del organismo, José B. Carrión, les indicó que el presupuesto aprobado es contrario a lo dispuesto en el plan fiscal certificado por el ente federal y por ende, estaría en violación de la ley federal PROMESA.
Si Rosselló Nevares y la Legislatura no corrigen el presupuesto, PROMESA faculta a la JSF para presentar el suyo y proceder con su implementación.
La JSF dio a la Legislatura, que ayer había enviado el presupuesto aprobado a La Fortaleza, un plazo de 48 horas para subsanar la situación. El tiempo dado por la JSF vencería justo el día antes de que el organismo federal celebre su octava reunión pública y la última del año fiscal en curso.
Hoyo de $319 millones
De acuerdo con la carta de Carrión, el presupuesto aprobado no puede certificarse, según PROMESA, porque éste contempla unos $119 millones en gastos que no son cónsonos con el Plan Fiscal para Puerto Rico (PFPR).
En la partida de gastos no cónsonos con el PFPR, la JSF identificó unos $16 millones por encima de lo asignado al presupuesto de la Rama Legislativa y otros $78 millones para cubrir gastos operacionales, de nómina, subsidios a municipios, actividades deportivas y otros gastos similares que deben recortarse en su totalidad.
La partida de gastos no autorizados se completa con unos $25 millones en asignaciones a fundaciones, asociaciones, museos, coros, ballets, óperas, maratones, festivales, becas y pagos a atletas profesionales que deben eliminarse en función del trato igual que debe...
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