'Sí' a la incautación de las armas de Casellas

Por Rebecca Banuchi

rebecca.banuchi@gfrmedia.com

El foro apelativo ratificó así al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, que en abril pasado rechazó suprimir esas piezas de evidencia ante los argumentos de la defensa de que habían sido obtenidas de manera ilegal.

Los abogados Arturo Negrón García y Harry Padilla reconocieron, en el recurso presentado ante el Tribunal Apelativo, que su cliente Casellas consintió el registro de su residencia en la urbanización Tierralta III, en Guaynabo.

Sin embarto, la defensa planteó que el tribunal de instancia erró al determinar que las armas incautadas podían utilizarse, no como una ocupación administrativa para cancelar la licencia de Casellas, sino para transportarlas al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) como parte de la pesquisa criminal.

Al solicitar la supresión de evidencia, la defensa argumentó que las autoridades violentaron la garantía constitucional que protege a los ciudadanos en contra de registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.

Pero en la resolución emitida el 28 de junio pasado, pero divulgada ayer, el Tribunal de Apelaciones afirmó que, aunque no medió una orden judicial para el registro, el consentimiento que dio Casellas el pasado 14 de julio, cuando ocurrió el crimen, a los agentes y otros funcionarios de seguridad fue general y sin ningún tipo de restricción.

El foro apelativo destacó, además, que la protección constitucional sobre registros irrazonables no se extiende al uso que se le dará al material ocupado, y advirtió que las autoridades no tienen que explicar para qué se incautó la evidencia.

"No hay controversia en que Casellas, luego de solicitar la presencia de la Policía, consintió a que se registrara toda la residencia. No surge de la prueba atisbo alguno de que Casellas...

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