Sacudida la imagen de la justicia

Por Ricardo Cortés Chico

rcortes@elnuevodia.com

Por disposición constitucional, el Secretario de Justicia es el tercero en la sucesión gubernamental, después del gobernador y el secretario de Estado. Además, es el principal abogado del gobierno y el responsable del andamiaje de investigación y procesamiento criminal.

"Cualquier cosa que suceda con un secretario o exsecretario que implique cargos criminales es sumamente importante. Las implicaciones son muy serias por el puesto que ocupó ,que es el portaestandarte de la legalidad y el estado de derecho", expresó el profesor de Derecho constitucional Carlos Ramos.

"Es muy lamentable que a un exsecretario de Justicia se le haya investigado y que se le vaya a acusar de malos manejos de fondos durante su incumbencia. El secretario de Justicia debe ser un ejemplo de pulcritud y de conducta intachable", reaccionó, por su parte, la excontralora Ileana Colón Carlo.

Ayer, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente confirmó que presentará cargos contra Sagardía el próximo 15 de agosto en el Tribunal de San Juan. Serán más de 10 los cargos en contra del exfuncionario, la mayoría por los deltios de falsedad ideológica, malversación de fondos y presuntas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental del 1985. El caso es manejado por el fiscal especial independiente (FEI) Guillermo Garau.

Las denuncias giran en torno a dos asuntos principales: los gastos de Sagardía mientras ocupaba el puesto y su intervención en un caso en el que se le concedió un nuevo juicio a un confinado.

El problema de gastos gira principalmente alrededor del uso que le dio Sagardía a las dos tarjetas de crédito de la agencia que manejaba.

Una auditoría de la Oficina del Contralor ha cuestionado sobre $7,000 de los gastos incurridos por Sagardía. La mayoría de estos gastos fueron durante sus viajes oficiales a Estados Unidos mientras se desempeñaba como secretario.

La otra controversia surge por su decisión de allanar al Departamento de Justicia a una petición de nuevo juicio que hizo el confinado José Marrero Figueroa, quien había sido convicto por asesinato.

El presunto problema de su intervención en el caso se debe a que uno de los abogados de defensa del preso era Víctor Ramos Rodríguez, quien era asesor legal del exsecretario y había sido socio o compañero de oficina de Sagardía.

Tanto Sagardía como Ramos Rodríguez han afirmado en el pasado que no han cometido delitos. Sagardía ha sido enfático que la investigación en...

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