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Sectores afectados exigen que se les escuche

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Vincent

Al presidente interino de la Comisión de Energía de Puerto Rico, José H. Román, le interesa expresarse sobre los cinco planes de reorganización de agencias que La Fortaleza envió, el jueves, a la Legislatura y que afectan directamente a este ente regulador independiente.

Otras voces, como la del abogado laboral Alejandro Torres Rivera, también reclaman espacio para opinar sobre las propuestas de administración, que consolidarían dependencias como parte del compromiso del gobernador Ricardo Rosselló de reducir el tamaño del gobierno.

Pero tienen un problema: la Legislatura no realizará vistas públicas para evaluar los planes, lo que impide que puedan ser mejorados a través de la aportación ciudadana.

Según el texto de la ley conocida como Nuevo Gobierno, que dio paso a esta manera de evaluación legislativa, los planes no pueden ser modificados, aunque pueden ser rechazados, lo que obligaría a La Fortaleza a reformularlos.

“Estoy interesado en aportar la opinión de la Comisión sobre este plan de reorganización. Me acercaría al Senado a ver cómo ellos van a llevar a cabo el proceso”, dijo Román en entrevista telefónica.

El plan que crea la Junta Reglamentadora del Servicio Público dispone que la Comisión de Energía será ubicada dentro de lo que se conocería como el Negociado de Energía. Sin embargo, el presidente de la Junta Reglamentadora del Servicio Público será nombrado por el gobernador y eso, precisamente, afecta la independencia de la Comisión de Energía, cuyo presidente tiene un término de seis años.

“Este momento histórico que vive Puerto Rico no es para diluir la Comisión de Energía, no es el momento de atarla o unirla al tema de telecomunicaciones. Se pierden facultades, se crea una figura de un presidente con un poder de veto sobre lo que hagan los comisionados”, advirtió Román.

En el caso de la reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el plan ordena ubicar bajo una misma agencia varias dependencias con jurisdicciones relacionadas a la adjudicación de controversias laborales y que pueden chocar entre sí, dijo Torres Rivera, quien preside el Colegio de Abogados y Abogadas.

“Por supuesto que tienen que darse las vistas públicas. Soy un objetor por conciencia de los procesos legislativos en que se excluye el derecho a la ciudadanía de...

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