Sentencia de Tribunal Apelativo de 29-08-2023, número de resolución KLRA202300324

LEXTA20230829-017 - Serafin Diaz Flores Parte v. Negociado De Seguridad En El Empleo Parte

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, juez ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2023.

El 29 de junio de 2023, el señor Serafín Díaz Flores (en adelante, Sr. Díaz) instó por derecho propio el presente recurso de revisión administrativa. Solicita que revoquemos la Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos en Reconsideración, emitida y notificada el 6 de junio de 2023. Mediante ésta, el Secretario ratificó su determinación de avalar la Resolución de la División de Apelaciones del Negociado de Seguridad en el Empleo de 15 de diciembre de 2022, que denegó la petición de beneficios por desempleo del Sr. Díaz.^[1]

El Sr. Díaz acompañó su recurso con la Determinación inicial de inelegibilidad de la División de Seguro por Desempleo^[2] y la decisión en reconsideración del Secretario del Trabajo^[3] aquí recurrida. Sin embargo, no incluyó la decisión de la División de Apelaciones, ni la decisión inicial del Secretario del Trabajo. Tampoco formula o discute señalamiento de error alguno, ni los fundamentos en derecho que avalan su petición. Solamente expresa que la decisión se tomó a base de información falsa provista por su ex patrono y articula sus razones para justificar la conducta que culminó en su despido.

El 8 de agosto de 2023, compareció el ex patrono del Sr. Díaz, Interspace Industries, Corp. (en adelante Interspace), mediante una Solicitud de Desestimación.^[4] En síntesis, pidió la desestimación del recurso por incumplimiento con el requisito de notificación oportuna a las restantes partes del proceso administrativo, conforme manda la Regla 58 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones^[5]. Sin embargo, colegimos que el patrono no es parte del procedimiento administrativo instado al amparo de la Ley de Seguridad en el Empleo de Puerto Rico. Por consiguiente, no existe deber alguno de notificarle el escrito de revisión. Ante ello, declaramos no ha lugar la Solicitud de Desestimación presentada por Interspace.

En su lugar, y examinado el recurso, lo desestimamos por falta de jurisdicción, debido al incumplimiento del Sr. Díaz con las normas que regulan el perfeccionamiento de los recursos de revisión de decisiones administrativas.

I.

La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir casos o controversias. Por esa razón, lo primero que se debe considerar en toda situación jurídica presentada ante un foro adjudicativo, es el aspecto jurisdiccional.^[6] Cónsono con ello, los tribunales tienen la responsabilidad indelegable de examinar, en primera instancia, su propia jurisdicción. Esto debido a que el foro judicial está obligado a auscultar el cumplimiento de los requisitos jurisdiccionales que la ley establece, antes de considerar los méritos de una controversia.^[7]

Así, el Tribunal Supremo ha reafirmado que los entes adjudicativos tienen que ser guardianes celosos de su jurisdicción y no poseen discreción para asumirla si no existe. Consecuentemente, cuando un tribunal carece de jurisdicción, está obligado a desestimar el recurso.^[8] Por esa razón, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones^[9] nos autoriza a desestimar un recurso cuando carecemos de jurisdicción para atenderlo.

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha manifestado que las partes tienen la responsabilidad de observar rigurosamente las normas sobre el perfeccionamiento de los recursos apelativos y su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las partes o sus abogados.^[10] Ello, ante la necesidad de colocar a los tribunales apelativos “en posición de decidir correctamente los casos, contando con un expediente completo y claro de la controversia que tiene ante sí”.^[11] Por ello, ha puntualizado que el hecho de que las partes litigantes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que ellas incumplan con las reglas procesales. Ello cobra mayor importancia en el caso de aquellas normas que establecen términos jurisdiccionales o de cumplimiento estricto.^[12]

De hecho, el Tribunal Supremo ha expresado que, de no observarse las disposiciones reglamentarias, nuestro ordenamiento autoriza la desestimación del recurso.^[13] Sin embargo, ante la severidad de esta sanción, el Tribunal Supremo exige que nos aseguremos de que el incumplimiento con las disposiciones reglamentarias aplicables haya provocado un impedimento real y meritorio para que podamos considerar el caso en los méritos.^[14] Así pues, las disposiciones reglamentarias deben interpretarse de forma que propicien un sistema de justicia accesible a la ciudadanía, que las controversias se atiendan en los méritos y que se reduzca el número de recursos desestimados por defectos de forma o notificación y que no afecten los derechos de las partes.^[15]

En lo relativo a los recursos de revisión de decisiones administrativas, la Regla 59 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones enumera los requisitos que debe cumplir estos recursos. Entre éstos, se exige la inclusión de una relación fiel y concisa de los hechos procesales y de los hechos importantes y pertinentes del caso; un señalamiento breve y conciso de los errores que a juicio de la parte recurrente cometió la agencia recurrida; la discusión de los señalamientos de error, incluyendo las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable; un apéndice, entre otros...