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Estado y sociedad

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EFRÉN RIVERA RAMOS

CATEDRÁTICO DE DERECHO

Algunos datos conocidos avalan esta conclusión. Así, por ejemplo, debido a los altos niveles de pobreza y desempleo, el estado ha sido una fuente considerable de ingresos y apoyo para muchas personas y familias en Puerto Rico. Tanto es así que el 29.6% del ingreso personal proviene de transferencias federales y estatales a los individuos. Hasta ahora el Gobierno ha sido el patrono mayor en el País. El 33% de la población recibe asistencia nutricional y el 38.6% tiene acceso a la tarjeta gubernamental de salud.

Pero es equivocado pensar, como suele plantearse, que en Puerto Rico la dependencia de la sociedad en el estado se circunscribe a los sectores más pobres. Algunos ejemplos bastarán para comprobarlo.

Tomemos las instituciones universitarias privadas. En la inmensa mayoría más del 90% de sus estudiantes reciben algún tipo de asistencia del gobierno de Estados Unidos. En el año 2006-07 esos estudiantes recibieron tres veces más dinero gubernamental que los que acuden al sistema universitario público. Indirectamente, tales instituciones son, pues, entidades financiadas públicamente.

Veamos los despachos jurídicos. Los más grandes y muchos de tamaño mediano reciben ingresos cuantiosos de sus negocios con el Gobierno. En 2010 las distintas dependencias del Gobierno de Puerto Rico formalizaron 2,492 contratos de servicios legales con bufetes privados. Ello supuso casi $ 220 millones en honorarios. De ahí que las principales oficinas de abogados en Puerto Rico tengan un interés sustancial en los resultados de las elecciones.

Algo parecido ocurre con el resto de la empresa privada. El año pasado el Gobierno concedió un estimado de 107,000 contratos a empresas privadas para todo tipo de servicios y suministros. Un estudio realizado por el Centro para la Nueva Economía reveló que en Puerto Rico sólo el 24% de la fuerza trabajadora está empleada en lo que los autores denominan el segmento de "libre empresa", es decir empresas que no están altamente subsidiadas o reguladas por el Gobierno o que operan en sectores de la economía en los que el empleo público no excede el treinta y cinco por ciento del total...

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