Sombrío futuro para las calles de San Juan
El panorama que enfrentarán los conductores que transitan por las calles y avenidas de San Juan este cuatrienio no luce nada halagador, y la primera en reconocerlo es la alcaldesa Carmen Yulín Cruz.
Cruz, sin embargo, recalca que el retraso en los trabajos de bacheo y repavimentación -que se seguirán acumulando- poco tienen que ver con su capacidad administrativa.
Por el contrario, apunta a la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera aprobada el cuatrienio pasado y el Plan Fiscal del gobernador Ricardo Rosselló como los culpables de deterioro de la red vial capitalina.
“El tema de las carreteras conlleva mucho más que hablar de hoyos”, dijo la alcaldesa.
Por un lado, Cruz suplió un listado de 28 proyectos detenidos debido a que la partida para realizarlos, $5 millones, están congelados en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) por disposición de la aprobación de la Ley de Moratoria. Esta fue una medida legislativa refrendada por la mayoría popular el cuatrienio pasado para extender la vida del otrora agente fiscal del Gobierno.
Entre los proyectos figuran obras de escarificado y asfalto en las avenidas Condado, Ashford, De Diego, Hostos, Domenech, Chardón, Andalucía, Park Gardens, Magdalena, Universidad, Américo Miranda y la San Patricio. Además, la marginal Las Palmas y las calles Notre Dame, Paraná, Coll y Toste, McLeary, Cecilia y Acuario.
“Muchas veces pensamos que el único dinero que les corresponde a los municipios es el sobrante del CAE (Contribución Especial Adicional)”, argumentó Cruz, al traer a la mesa otra controversia legal -nacida también el cuatrienio pasado- que mantiene en precario las finanzas de los ayuntamientos.
El CAE es un fondo que sale de las contribuciones mueble e inmueble, que se usa para pagar los préstamos municipales. El sobrante del CAE es el monto pagado en exceso por los municipios, que se les devuelve al final de cada año fiscal.
En el caso de San Juan, el Municipio tiene confiscados $24 millones en el BGF y, debido a la paralización de litigios que forma parte de la ley federal PROMESA, ningún ayuntamiento tiene la facultad de demandar al Estado para recuperar el dinero. El caso de Carolina es peor, ya que tienen aguantados $70 millones en el BGF.
El Municipio de San Juan tampoco tiene acceso a otros $1.9 millones retenidos en el BGF, por concepto de desembolsos de préstamos contraídos por la pasada administración capitalina. Esos préstamos se están pagando, pero el gobierno municipal...
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