Sostienen que la lucha llegaría a la corte federal

por israel rodríguez sánchez

israel.rodriguez@elnuevodia.com

Si la directora administrativa de los Tribunales, Sonia I. Vélez, "desacata" la orden de los jueces asociados del Tribunal Supremo y se ordena su encarcelación, la crisis constitucional cobrará dimensiones "insospechadas" y "muy críticas" para el País, según el abogado constitucionalista Carlos Ramos.

Los jueces asociados de mayoría en el Supremo ordenaron a Vélez, so pena de desacato, a rescindir el contrato que firmó con el ex fiscal especial independiente César López Cintrón para que investigue el uso de fondos en la Rama Judicial, a pesar de que esa potestad es del juez presidente.

"Pienso que esta (Vélez) podría acudir al foro federal... Es posible que estemos ante un escenario de impugnación al amparo de la Ley 600, que rige las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, pues esta crisis podría poner en evidencia una violación a la forma republicana de gobierno que ordena esta ley federal", indicó Ramos.

Explicó que esa forma republicana de gobierno contempla tres ramas independientes una de la otra: la ejecutiva, la legislativa y la judicial.

Su colega profesor de derecho en la Universidad Interamericana, Carlos Gorrín Peralta, mencionó también esa posibilidad, aunque senaló que sería "estirar el argumento".

"Lo único que a mí se me ocurre es que la Ley 600, que autorizó que el pueblo de Puerto Rico redactara una Constitución, tiene que cumplir dos condiciones: establecer un gobierno republicano y una Carta de Derechos".

La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico es la que faculta al juez presidente del Supremo a administrar la Rama Judicial y a nombrar a una directora o...

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