Un status “cómodo” para EE.UU.
WASHINGTON.- Con el fin de la Guerra Fría, poco a poco se fue desmoronando la percepción de que el llamado “Estado Libre Asociado” (ELA) era una relación especial entre Estados Unidos y Puerto Rico, una teoría que acabó de enterrar la ley PROMESA.
El martes se cumplen 65 años de la adopción de la Constitución del ELA de Puerto Rico. Pero, a mitad de camino, EE.UU. se encargó de hacer visibles los huecos en el status territorial, que muchos llaman el ELA y cuyo marco de gobierno propio ha quedado disminuido.
Justo cuando arrancaba el recordado proceso de status de 1989 a 1991, el entonces secretario de Justicia interino, Edward G. Dennis, declaró ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado que cualquier definición sobre el ELA deberá acentuar que “Puerto Rico permanece bajo la soberanía de Estados Unidos”.
“El Congreso retiene la autoridad de legislar con respecto a Puerto Rico, y una ley federal no puede ser rechazada o anulada por el gobierno local”, afirmó el 12 de julio de 1989 el secretario Dennis, en momentos en que el gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) y el entonces gobernador Rafael Hernández Colón proponían que el ELA pudiera tener un mecanismo para descartar normas federales.
El 7 de febrero de 1991, el entonces secretario de Justicia de EE.UU., Richard “Dick” Thornburgh, afirmó ante el Senado que para el presidente George Bush, padre– quien en su mensaje de estado de 1989 había abogado por un proceso de autodeterminación para Puerto Rico y respaldado la estadidad-, era incongruente aplaudir los movimientos “hacia la libertad en Europa del Este, Latinoamérica y en cualquier sitio, pero rehusarse a garantizar un proceso de libre determinación a nuestros propios ciudadanos”.
Entonces, cuando el proceso iniciado en el Senado federal encallaba, Thornburgh dijo que un ELA con soberanía como la de los estados era incompatible con la Constitución de Estados Unidos.
“Bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos… un área dentro de la soberanía de Estados Unidos que no esté incluida en un estado, tiene necesariamente que ser gobernada bajo la autoridad del Congreso”, agregó Thornburgh.
Un memorando de 1994, referente a Guam, arrinconó más a los defensores del ELA, al afirmar que la promesa de que se necesita “consentimiento mutuo” para alterar acuerdos entre un territorio y EE.UU. no es ejecutable, pues un Congreso no obliga a otro.
Los informes de los Grupos de Trabajo del presidente George W...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba