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El status 'es un asunto político doméstico'

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Vincent

BOULDER, Colorado.- Horas antes de la audiencia de ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, desayunó con el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, y le detalló los resultados de los plebiscitos de 2012 y 2017."Le expliqué los números y cómo habían dejado fuera" de su análisis el rechazo de los electores al status territorial y el 61% a favor de la estadidad que reclama el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), dijo Rivera Marín.Nada, sin embargo, cambió.Como ha hecho el gobierno de Donald Trump desde abril de 2017, el embajador Trujillo desconoció los resultados del plebiscito de hace seis años en el que los electores de Puerto Rico, claramente, rechazaron con un 54% de los votos el status territorial.Y aunque reconoció la victoria de la estadidad en el plebiscito del 11 de junio de 2017, Trujillo, con más fuerza que nunca desde el gobierno de Trump, advirtió a la CIDH que pese a que la estadidad obtuvo el 97% de los votos, solo acudió a las urnas el 23% del electorado, cuando "históricamente más del 80% participa en referendos".Más aún, Trujillo -cuyo jefe máximo, el presidente Trump, ha dado un "no absoluto" a la estadidad mientras la isla tenga "líderes incompetentes"- argumentó en la sesión que "no hay consenso en torno a una solución" de status entre los residentes de la isla.El embajador Trujillo encabezó la representación de EE.UU. en la sesión en la que la CIDH consideró las querellas, independientes, del exgobernador Pedro Rosselló González y el abogado Gregorio Igartúa padre, que denuncian que la falta de derecho al voto de los residentes de Puerto Rico en la formación del gobierno federal representa una violación de derechos humanos y civiles.Rosselló González, con su hijo, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en la audiencia, denunció que no poder votar por el presidente de EE.UU. ni elegir congresistas con plenos derechos como "un gueto geográfico" en términos de los derechos civiles.La querella de Igartúa se basa en la exclusión del voto por el presidente, un asunto que ha llevado ante los tribunales. El debate se dio como parte del período 169 de sesiones de la CIDH, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Colorado, en Boulder.Para Trujillo, aunque los peticionarios "enmarcan las peticiones en derechos políticos, realmente se refieren al status político" y exhortó a la CIDH...

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