A su suerte tras el operativo
Por Ricardo Cortés Chico
rcortes@elnuevodia.com
En el residencial San Antonio de Guayama, mejor conocido como Carioca, la situación empezó el 2 de abril de 2009. Unos 350 agentes federales y estatales invadieron el residencial al estilo militar y arrestaron a 47 presuntos narcotraficantes. Después, aparecieron agencias de gobierno con mil ofertas de ayuda.
"No vamos a descansar hasta que todo ciudadano pueda ejercer su derecho a vivir en paz", expresó ese día la jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez.
Poco después, según vecinos, la vida había vuelto a la normalidad en Carioca. Los policías y federales se habían ido, las agencias gubernamentales también y los narcotraficantes volvían a campear por su respeto, recordó Tanya Toyens Pérez, líder de la Junta Vecinal.
El punto de drogas, de hecho, no dejó de funcionar ni por un solo día, confirmó el director de la División de Drogas de la Policía en Guayama, Pedro Soto Santiago. "El punto no se eliminó por completo. Nunca dejó de operar. Siempre hay gente que sigue vendiendo y, en este caso, no se mudaron de sitio", admitió Soto Santiago.
La historia en el Carioca se repite a lo largo de toda la Isla, según encontró El Nuevo Día en visitas a varios residenciales que durante los pasados dos años fueron invadidos por agentes federales y estatales en operativos masivos contra el tráfico de drogas.
Los operativos son seguidos por intervenciones de agencias de gobierno ofreciendo diversos servicios.
Pero la experiencia recogida por este diario en las visitas a los residenciales es que las operaciones de los puntos de droga se reanudan apenas los agentes doblan la esquina, usualmente a cargo de una nueva y más violenta generación de narcotraficantes.
Mientras, las agencias de gobierno también se van en poco tiempo, y la vida en los residenciales vuelve a la normalidad, con su dosis usual de narcotráfico, problemas sociales, marginación y pobreza.
Además de que la operación de los puntos suelen asumirla grupos más jóvenes y más violentos, tras los operativos se desatan guerras por el control del negocio y surgen fricciones entre la Policía y las comunidades, según diversos entrevistados.
"El efecto que tienen estos operativos es echarle leña al fuego y eso lo saben las autoridades", dijo el criminólogo José Raúl Cepeda.
Ivette Jayde Santiago, presidenta de la Junta Vecinal del residencial Columbus Landing, en Mayagüez, que fue invadido junto a otros cinco residenciales unos días antes de la...
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