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Superar la austeridad en la administración municipal

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Vincent

Luego de cuatro años de haberse aprobado la ley federal Promesa, y cerca de 15 años consecutivos de medidas de austeridad fiscal, nuestro vocabulario de la gestión pública ha adoptado conceptos y términos generalmente asociados con el sector empresarial. Desde entonces se procura "optimizar" recursos, mejorar la "eficiencia" en la prestación de servicios y alcanzar la "autosuficiencia" en las distintas dependencias públicas. En ciertos casos, aplicar estas ideas puede llevar a mejoras en la administración y calidad de los servicios públicos. Sin embargo, la adopción sin reservas de estos términos lo que muestra es cómo la austeridad se ha convertido en el discurso rector de la gestión gubernamental. Uno de los casos que mejor refleja esta dinámica es la propuesta reciente de la Junta de Control Fiscal ("la Junta") para atender la situación fiscal de los municipios.Ciertamente, hay varios municipios que arrastran distintos problemas fiscales desde hace varias décadas. Muchos han estado atravesando déficits operacionales por años. También sobran los casos de corrupción que involucran a numerosos alcaldes directamente. Esto sin mencionar los numerosos ejemplos de contrataciones exorbitantes para servicios de dudoso rendimiento público, proyectos de construcción que nunca se completaron, la falta de transparencia en el manejo de los presupuestos municipales, salarios injustificados de alcaldes y su personal cercano, y el derroche de fondos en gastos y proyectos completamente innecesarios. Esta situación ha minado la confianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos municipales. No obstante, también ha abierto el camino para justificar la implementación de medidas de austeridad que hacen poco o nada para atender estos problemas.En la versión más reciente de su plan fiscal, la Junta propone varias reformas municipales. Se destacan tres: (1) eliminar, de manera escalonada, todas las transferencias de fondos del gobierno central hacia los municipios para llevar a cabo las tareas que les son delegadas (para algunos municipios, estas transferencias representan cerca del 80% de su presupuesto); (2) reformar el sistema de contribución sobre la propiedad para aumentar los recaudos; y (3) la consolidación de servicios municipales a través de regiones o condados. El plan resalta que los municipios deben asegurar ser más "eficientes" en la prestación de servicios públicos a través de la reducción en el costo por unidad de cada servicio. De igual manera, se...

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