En suspenso la cirugía al Registro
Por Gerardo Cordero
gcordero@elnuevodia.com
A esos efectos, el Departamento de Justicia está inmerso en la redacción de un anteproyecto que cubra múltiples enmiendas a leyes y reglamentos vigentes en Puerto Rico que exige el Sex Offender Registration and Notification Act (SORNA, por su siglas en inglés).
Este registro, que se accesa por internet en la dirección electrónica prcjisweb.gobierno.pr, contaba hasta octubre con información de 2,636 ofensores (2,576 varones y 58 féminas). Una de sus fallas, según se pudo observar, es que no tenía fotos de los ofensores en al menos 353 casos.
El senador José Emilio González, quien ha encabezado parte del examen de proyectos para ajustes en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abusos contra Menores, recordó que el país solicitó al gobierno federal una prórroga en la exigencia del cumplimiento pleno de la ley SORNA y se le concedió un plazo inicial que vence el próximo 26 de julio.
González explicó a El Nuevo Día que la Comisión de lo Jurídico del Senado no consideraría otras medidas relacionadas con este asunto por entender que es más adecuado recibir el anteproyecto del Departamento de Justicia y proceder con una legislación consolidada que cubra las múltiples exigencias de SORNA.
Mientras, Justicia debe laborar en propuestas de enmiendas a leyes para cumplir con otras exigencias de SORNA como nuevas categorías de ofensores sexuales, extensiones en el tiempo que deben aparecer en el registro -desde 15 años hasta términos vitalicios- y cambios en la política de notificación a las víctimas y residentes en los vecindarios donde un ofensor establece su domicilio. Sobre los domicilios, una queja reiterada de víctimas y otros ciudadanos, así como de los propios funcionarios de agencias de seguridad en la Isla, es que son frecuentes las mudanzas no reportadas por el ofensor, así como retrasos en la inclusión de la información del sentenciado, una vez cumple su término en la cárcel y regresa a la libre comunidad.
El senador González, sin embargo, anticipó que personalmente no está dispuesto a que en Puerto Rico se cambie el ordenamiento jurídico y se incluyan en el registro a los menores implicados en faltas de índole sexual, como es la pretensión del estatuto federal.
Según SORNA, los menores que incurran en ciertas faltas tendrían que ser incluidos en el Registro de Ofensores Sexuales y este asunto ha sido la razón principal para solicitar la prórroga en su aplicación...
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