Fortuño amuela la tijera
Por Rebecca Banuchi
rebecca.banuchi@elnuevodia.com
Desde que anunció su propuesta el mes pasado, el primer ejecutivo enfatizó que la limitación a la fianza aplicaría exclusivamente a aquellos casos de asesinatos en los que mediara premeditación, deliberación y acecho.
Sin embargo, ayer agregó a esa lista los asesinatos cometidos durante una agresión sexual o secuestro, en robos domiciliarios, en lugares abiertos al público o desde un vehículo y cuando la víctima sea un agente del orden público.
"Cuando yo hablé en el Mensaje de Estado de la Situación, hablamos de premeditación, deliberación o acecho. Lo que estamos es -para que sea bien claro el lenguaje- yendo a cuáles asesinatos estatutarios queremos que esto aplique", señaló el mandatario.
"Si hay premeditación, deliberación o acecho, que es el 60% de los casos (de asesinato), aplica (la limitación), pero hay otro 40% que no necesariamente se lleva a base de premeditación, deliberación o acecho, esos son los que llamamos asesinatos estatutarios. Hemos escogido de los asesinatos estatutarios los que entendemos que son extremos", abundó Fortuño.
El proyecto para celebrar una consulta en la que los electores favorezcan o rechacen limitar la fianza forma parte de un paquete de siete medidas relacionadas con el tema de seguridad que el gobernador presentará entre hoy y mañana ante la Asamblea Legislativa.
La propuesta de enmienda constitucional dejaría a discreción del juez determinar si concede o no el derecho a fianza en los mencionados casos de asesinato.
Antes de tomar su determinación, el juez tendría que evaluar si el imputado representa riesgo de fuga, riesgo de destrucción de evidencia o riesgo para la seguridad de otras personas.
Según Fortuño, los asesinatos cometidos en "lugares abiertos al público" incluyen aquellos perpetrados en centros comerciales, e incluso las muertes provocadas por disparos al aire como los que comúnmente acontecen en la noche de despedida de año.
Para Fortuño, el análisis no es estrictamente sobre limitar o no un derecho, sino de mantener un balance entre la seguridad de los ciudadanos y el derecho a la fianza.
"Yo creo que ese balance le corresponde al pueblo establecerlo", sostuvo.
Para respaldar su idea, presentó una muestra de ocho casos de imputados de asesinato entre el 2005 y 2011 que cometieron algún tipo de delito mientras estaban libres bajo fianza, e insistió que en esos casos particulares el que se les hubiera denegado la fianza hubiera evitado...
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