Las trabas que impone el Tesoro
WASHINGTON.- Las condiciones que impone el gobierno de Estados Unidos al de Puerto Rico para dar acceso a una línea de crédito de $4,900 millones creada por el Congreso no parecen ser muy distintas a las que ha exigido a las Islas Vírgenes.
Pero, las trabas que establece el Tesoro surgen en medio de un ambiente de desconfianza sobre el gobierno boricua que ha crecido a raíz del escándalo Whitefish.
Bajo el acuerdo logrado en diciembre entre el gobierno de las Islas Vírgenes y el Departamento de Seguridad Interna –la sombrilla bajo la que está la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)–, el territorio tendrá acceso a $371 millones, que podrá solicitar, dependiendo de su liquidez, hasta el 31 de agosto.
De ese total, el gobierno central podrá obtener $250 millones. Por separado, hospitales públicos del territorio pueden recibir $46 millones y la Autoridad de Agua y Energía Eléctrica, $75 millones.
El gobierno central de las Islas Vírgenes ya ha recibido $65 millones, y dos hospitales públicos otros $10 millones cada uno. La Autoridad de Agua y Energía Eléctrica pudo haber completado el pasado miércoles el acceso a los fondos, dijo la comisionada interina de Finanzas de las Islas Vírgenes, Clarina Modeste Elliot.
Al obtener el primer desembolso, el 4 de enero, el gobierno de las Islas Vírgenes tuvo que comprometer como colateral recaudos que no estaban prendados y aceptar que el resto del dinero solo estará disponible si su efectivo desciende a un nivel crítico. Bajo el acuerdo, tienen que comenzar a pagar los intereses del préstamo a partir del 1 de octubre de 2019, y el principal, a partir de 2022.
“Los términos son esencialmente los mismos que aparentemente se le están exigiendo a Puerto Rico”, indicó el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, tras revisar la copia del acuerdo que Islas Vírgenes suministró a El Nuevo Día.
La semana pasada, el gobernador Ricardo Rosselló denunció, en una carta enviada al liderato del Congreso, que los términos y condiciones que le impone el Tesoro a su gobierno son irrazonables y contradicen, a su juicio, el espíritu del texto de la resolución de asignaciones suplementarias para mitigar desastres aprobada por el Congreso a finales de octubre.
De las exigencias que denuncia, el Tesoro solo ha confirmado que demanda un bajo nivel de liquidez para suministrar dinero. Según el Tesoro, el efectivo tiene que estar en menos de $800 millones para soltar...
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