Sin tregua el golpe a los derechos humanos

Por Osman Pérez Méndez

osman.perez@elnuevodia.com

El reporte de la reconocida organización pro derechos civiles y humanos reunió información de 159 países recopilada por miembros de AI, diversas organizaciones no gubernamentales y por los propios estados.

"Este documento es una perspectiva global de los abusos y violaciones ocurridos en muchos países. Aquí se incluyen ejecuciones, torturas, desapariciones, abusos a poblaciones indígenas y pobres, desalojos", dijo Pedro Santiago, director ejecutivo de la sección de Puerto Rico de AI, quien repudió el hecho de que muchos estados intentaran justificar la impunidad cobijándose en argumentos de soberanía y asuntos internos.

En el caso particular de Puerto Rico, el informe condena la ley aprobada por la pasada Legislatura limitando el derecho a la libertad de expresión y también hace mención al proceso de reforma en el que se encuentra la Policía luego de una pesquisa del Departamento de Justicia que le imputó un sinnúmero de irregularidades, incluyendo abusos de fuerza contra la población.

"Se mencionan los cambios al Código Penal, en que se criminalizó la protesta y la libertad de expresión", dijo Santiago. "También denuncia los abusos de la Policía".

En tal sentido, William Ramírez, presidente ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, indicó que se denuncia el uso de la Policía "como mecanismo de supresión de la libertad de expresión y para reprimir la disidencia".

"La administración pasada (de Luis Fortuño) se destacó por eso, por su uso (de la Policía) contra los obreros, los estudiantes, la gente de la comunidad gay, los dominicanos. Fue un plan deliberado de la administración", señaló Ramírez, haciendo la observación de que eso ha ocurrido antes con otras administraciones. "Pero en el caso de la administración pasada, fue tan reiterado y evidente".

De acuerdo con Ramírez, la situación empeoró "cuando salió el asunto de la supresión de libertad de expresión y la Policía empezó a actuar como policía política".

"La buena noticia en cuanto a esto es que la Legislatura actual derrotó el artículo 297 B (que limitaba la libertad de expresión), y que el Departamento de Justicia federal presentó su demanda contra la Policía de Puerto Rico. Esa demanda ya está en su proceso final, que exige una reforma de la Policía", comentó Ramírez.

No obstante el líder local de la ACLU apuntó que la reforma de la Policía no se daría de un día para otro.

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