Tres caminos en el futurode la AEE
El futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tiene tres caminos: la confirmación del Acuerdo de Reestructuración de la Deuda (RSA, por sus siglas en inglés), la protección del Título III de la ley PROMESA, y la exposición a una serie de demandas de cobro de dinero en las que el tribunal decidirá de dónde saldrán los fondos para pagarles a los bonistas de la corporación pública.
El destino se decidirá pronto. Anoche, se extendió hasta el martes el término para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) apruebe el RSA bajo el Título VI de la ley PROMESA. Eso sería un día antes de que se lleve a los mercados el acuerdo, lo que está pautado para el 28 de junio, según precisó Carlos Gallisá, representante del interés público en la Junta de Gobierno la AEE.
El acuerdo en controversia reduce en 15% el monto principal de la deuda de la AEE, que alcanza los $9,400 millones.
Hasta ahora, el RSA no se ha aprobado porque no cuenta con el apoyo de suficientes miembros de la JSF, que están bajo presión de varios congresistas, incluyendo Robert Bishop, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, con jurisdicción en Puerto Rico.
“El RSA se ha extendido muchas veces. Muchos compraron a descuento los bonos y los cobrarían a 85% con el acuerdo. Es un negocio redondo para los que hayan comprado a descuento”, opinó, por su parte, el también representante del interés público en la Junta de Gobierno de la AEE, Luis Santini Gaudier.
El RSA, que se negoció y aprobó cuando Puerto Rico no contaba con un mecanismo legal para renegociar su deuda, ha sido extendido en 16 ocasiones por el grupo Ad Hoc-AEE.
En marzo pasado, la administración de Ricardo Rosselló Nevares renegoció el acuerdo logrando ahorros adicionales en los primeros años del pacto.
Si la JSF no aprueba el documento bajo el Título VI de la ley Promesa, que provee para ajustes voluntarios de la deuda entre el gobierno y los acreedores, la AEE se expondría a demandas de cobros, confirmaron varios expertos consultados por El Nuevo Día.
Esto complicaría el panorama legal de la corporación pública, que desde 2014 confronta problemas con el pago de sus deudas.
La otra opción sería que la AEE busque protección de esas demandas bajo el Título III de la ley PROMESA, que provee para procesos de ajuste de deudas parecidos a los que se dan en el Tribunal de Quiebras de EE.UU. Este proceso, sin embargo, podría representar un camino agridulce para la corporación pública.
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