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Los tres retos de la Ley 22

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Vincent

El incentivo contributivo a los Individuos Residentes Inversionistas que se trasladan a Puerto Rico ha continuado siendo blanco de varios ataques. Estas personas reciben exención en su ingreso pasivo (intereses, dividendos y ganancias de capital). Para ser elegibles, éstos no pueden haber sido residentes de Puerto Rico del 2006 al 2012 (dicho término ha cambiado a través del tiempo). Las solicitudes originales se hacían bajo la Ley 22-2012, pero desde el 1 de enero de 2020 se hacen a través del Código de Incentivos de 2019.Entendemos que los problemas emanan de tres áreas.Primero, está la percepción pública de que no es justo el requisito de elegibilidad. Debemos recordar que uno de los principios fundamentales de un sistema contributivo eficiente es la equidad contributiva donde las personas deben tributar de forma similar si tienen la misma capacidad de pago. Por lo tanto, cada vez que se concede una exención contributiva causará malestar en la persona que no es elegible. En este caso la elegibilidad se basa primordialmente en si la persona fue residente o no de la isla. Esto quiere decir que un empresario exitoso que lleva toda la vida viviendo y trabajando en Puerto Rico, y ha acumulado riquezas a nivel local, no sería elegible. Sin embargo, un empresario en una situación similar que ha vivido y trabajado toda su vida en Florida, sí sería elegible.Muchos perciben esto como una penalidad al local, y no se considera que lo que propone la ley es un incentivo para el traslado a Puerto Rico de riquezas acumuladas fuera de la isla. Para dar una exención contributiva debe haber una razón válida.Como regla general se hace porque se quiere alcanzar un fin social (como sería el caso de las exenciones a los médicos o la industria de la leche) o porque se quiere alcanzar un fin económico (como lo es la exención a la manufactura, exportación de servicios o el mismo caso de la Ley 22-2012). Entonces lo que hace falta aquí es poder demostrar las razones para dicha exención y una buena forma sería demostrar el impacto económico de la misma. Esto se discute en más detalle en el próximo punto.Segundo, está la preocupación del impacto económico de dicha exención. De acuerdo al Puerto Rico Tax Expenditure Report (2017) la Ley 22 tenía un costo anual de $29 millones. Sin embargo, para ese año solo habían 1,156 personas con decretos aprobados bajo esta disposición. Entre los años 2018 al 2020 el número de decretos aprobados de inversionistas residentes...

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