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El UCC arremete contra la propuesta de la Junta

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Vincent

El Comité de Acreedores no Asegurados (UCC) formalizó su oposición al proceso de confirmación de un Plan de Ajuste (PDA) para el gobierno central al solicitar a la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, que no dé paso a la Declaración Informativa que lo sustenta.En una moción de 84 páginas, el UCC aseguró a la jueza que preside los casos de Título III de Puerto Rico, que el documento que debe servir de referencia para que los acreedores entiendan cómo se verán afectados con las propuestas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), está plagado de deficiencias, omite "información crítica", deja fuera activos del gobierno que podrían servir para pagar a los acreedores y en ciertas instancias, es "profundamente engañoso".Asimismo, el UCC planteó a Swain que la Declaración Informativa no ofrece una idea clara del número de acreedores generales no asegurados y no revela exactamente cuánto más tendrá que pagar Puerto Rico como parte de los acuerdos suscritos por la JSF con algunos acreedores. Sobre todo, según el UCC, la JSF se alejó de la jurisprudencia en el tema, creando un sesgo a favor de unas clases de acreedores versus otras.El UCC radicó su moción inicial de objeción de cara a la audiencia del próximo 13 de julio, donde Swain debe analizar si la JSF ha divulgado suficiente información a los acreedores en torno al PDA. Su moción se une a la objeción limitada que presentó la administración del gobernador Pedro Pierluisi la semana pasada.El UCC agrupa suplidores, contratistas, empleados públicos e incluso, individuos a quienes el gobierno adeuda sus reintegros o sentencias contra el estado.En el caso de la objeción del gobierno, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) indicó a Swain que la Declaración Informativa no podía aprobarse sin enmiendas, pues -entre otras cosas- no se indica cómo la JSF implementará el PDA cuando la legislatura advirtió que no aprobará ninguna medida si la modificación de deudas incluye recortes a las pensiones del sector público.El PDA concede a ciertos grupos de bonistas (los tenedores de Obligaciones Generales, por ejemplo) que tampoco son asegurados, la mayor parte del efectivo que el gobierno ha acumulado en los pasados cinco años, así como las recuperaciones más altos vis à vis suplidores o contratistas del gobierno e incluso, bonistas asegurados, es decir, que poseen gravámenes contra recaudos específicos.Los pensionados del sector público, también se consideran acreedores no...

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