Al unísono en contra de derogar leyes 20 y 22

"Entendemos respetuosamente que la Ley 22 no debe derogarse", planteó ayer Carlos Fontán, director de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico, al defender la postura de la agencia ante la Comisión cameral de Desarrollo Económico, que investiga si esta medida para atraer a personas de alto caudal a residir en Puerto Rico ha beneficiado o no al fisco y al clima de inversión.Fontán, quien acudió en representación del secretario Manuel Cidre, amparó esta postura en "si la eliminan, me quedo sin las herramientas para fiscalizar a estos individuos". Esto responde, adujo, a que los decretos que el DDEC firma con cada inversionista residente contienen alusiones directas a artículos de la ley, que incluyen bajo qué condiciones se podría revocar y que el Departamento de Hacienda tendría el derecho a requerir pagos retroactivos de impuestos en caso de revocación."Tradicionalmente las leyes de incentivos no se eliminan, sino que se legisla una fecha en la que ya no se aceptarán solicitudes nuevas", explicó el funcionario.Por otro lado, Fontán puntualizó que la agencia comenzó una auditoría de cumplimiento que no se había hecho en los casi 10 años de vigencia del estatuto porque "el DDEC está comprometido con promover el cumplimento de la Ley 22 mediante la fiscalización. Para ello necesitamos que la ley permanezca vigente", recalcó.Además, reiteró que la agencia comisionó un estudio al economista José Caraballo Cueto que se divulgó este mes y concluyó que "la Ley 22 ha tenido un impacto positivo". Junto con la Ley 20 de exportación de servicios, el estudio apunta a que estos dos estatutos han creado de 33,000 a 39,000 empleos y elevado 2% el índice de actividad económica.Con...

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