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Urgen reducir la población penal

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Vincent

En medio de reclamos de posible violación de derechos constitucionales, el capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se unieron ayer al pedido del senador Héctor Martínez para que el gobierno reduzca la población correccional con el propósito de minimizar la posibilidad de contagios por coronavirus.La licenciada Nora Vargas, de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR, advirtió ayer que en la medida en que el gobierno rechace la propuesta de liberar confinados que -entre otros requisitos- estén en custodia mínima y les quede por cumplir una condena no mayor de seis meses, estaría actuando de forma "deliberada", lo que constituiría una violación a la octava enmienda de la Constitución de los Estados Unidos."En la medida que el Estado está sobre aviso de que esto podría llevar a la muerte, a una propagación por las condiciones que existen en las instituciones y por la naturaleza del virus per se… y no actúa sobre esas recomendaciones, eso podría constituir una violación a la prohibición de castigo cruel inusitado", sostuvo...

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