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A las urnas los maestros

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Vincent

Si la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) logra que sus representados avalen el acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ese sindicato sería el primero en reservar para sí una tajada de los recursos que posee el gobierno y que se distribuirán en el plan de ajuste bajo el Título III de la ley federal Promesa.El acuerdo no está escrito en piedra, pero a juicio de la presidenta de la AMPR, Aida Díaz, es un pacto que dará más certeza a 29,740 educadores en Puerto Rico, cuando la jueza Laura Taylor Swain pase juicio sobre el plan de ajuste que busca modificar sobre $60,000 millones en obligaciones del gobierno central.A partir de hoy y hasta el miércoles, los educadores del sistema de enseñanza pública del país tendrán la oportunidad de avalar o rechazar el acuerdo que la AMPR suscribió a mediados del mes pasado con la JSF.Si bien la discusión pública en torno al pacto se ha centrado en las pensiones de los educadores, en realidad, el acuerdo es la primera negociación de un convenio colectivo entre un sindicato y el ente federal que ha controlado las finanzas públicas de la isla por casi tres años. Como resultado, este acuerdo entre la AMPR y la JSF solo aplica a los educadores activos en el sistema de enseñanza pública y no a los maestros jubilados."Decidimos negociar tan pronto escuchamos que la Junta negociaba con los bonistas. Entendimos que el dinero de los maestros estaba en riesgo. Se nos consideró en el grupo de los (acreedores) no asegurados y, si no hacíamos algo, el bizcocho se lo dividen entre suplidores, bonistas y demás", indicó Díaz a El Nuevo Día.Según Díaz, por no tener dinero suficiente, la AMPR acordó que la Federación Americana de Maestros (AFT, en inglés) negociara con el ente fiscal. Las negociaciones se prolongaron por espacio de un año, según la profesora.¿Por qué se va a votar?En la votación, los educadores representados sindicalmente por la AMPR tendrán la oportunidad de respaldar o rechazar un pacto que abarca tres áreas.El primer asunto es un nuevo convenio colectivo que, en algunos casos, reafirma y, en otros, cambia ciertas cláusulas vigentes, como aquellas relacionadas con licencias, y acepta la posibilidad de que el gobierno entre en una nueva ronda de despidos, pero ante ese escenario, establece que prevalecería el principio de antigüedad.Además, se negoció aumentar la aportación patronal mensual al seguro médico de los educadores, de $120 a $170, y el seguro médico que se seleccione incluirá la...

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