" No nos vamos a rendir"
Por Keila López Alicea
keila.lopez@elnuevodia.com
En el patio donde los hijos de Laylanie Ruiz juegan con sus perros y escuchan el rugir del mar, el Municipio planea construir un paseo tablado, gazebos, un área recreativa y los estacionamientos que formarán parte del proyecto Paseo Palmar de Barceloneta. Para eso también necesitarán los terrenos de otras 52 familias, para lo que la Legislatura Municipal aprobó la expropiación forzosa de las 53 estructuras en agosto.
"Ellos nos siguen hostigando. Constantemente viene gente del Municipio, tasadores, vino gente del Senado y hasta una arqueóloga para mirar la zona y hacer chequeos. Pero nosotros no nos vamos a rendir", expresó Ruiz. La comunidad lleva varios pleitos judiciales en estos momentos que le impiden al ayuntamiento realizar los desalojos.
En nombre del desarrollo turístico también se derrumban casas constantemente en la comunidad Vietnam, en Guaynabo. Poco a poco, el gobierno municipal ha ido tirando al suelo las estructuras de esta comunidad con miras a adquirir los terrenos con vista a la bahía de San Juan que ocupan el único pedazo de costa que tiene el pueblo.
Hasta el momento, una alianza entre las organizaciones Amnistía Internacional, la Coalición de Cero Desalojos en Puerto Rico y Prensa Comunitaria ha identificado un total de 41 comunidades que enfrentan la amenaza de la expropiación o desalojos. Los municipios con más comunidades en peligro son San Juan, Ponce y Loíza.
La construcción de complejos de vivienda o de costosos proyectos turísticos y la llamada rehabilitación de zonas comerciales y residenciales se colocan a la cabeza de la lista de razones por las cuales vecindarios completos -en muchas ocasiones, de bajos recursos económicos- tienen sobre sí la amenaza de la expropiación y el desalojo. La mayoría cargan con la designación de comunidad especial, según lo dispone la Ley 1 de 2001. Pero otras no, como el residencial Las Gladiolas en Hato Rey o invasiones como El Sol en Ponce.
"Esto puede tocar a cualquiera", dijo el portavoz de la entidad Un Solo Movimiento, Wilfredo López Montañez.
En el pasado, ambiciosos proyectos gubernamentales para la construcción de obra pública han terminado en expropiaciones de comunidades. El desarrollo de la Milla de Oro en Hato Rey y la construcción de la PR-66 entre Carolina y Canóvanas han redundado en decenas de expropiaciones en sectores de bajos recursos económicos. López advirtió que lo mismo sucederá en el centro y norte de la...
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