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Otra vez bajo la lupa las Leyes 20 y 22

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Vincent

Dos eventos volvieron a poner en la palestra pública los incentivos provistos por la Ley 20-2012, conocida como Ley para Fomentar la Exportación de Servicios (Ley 20); y la Ley 22-2012, conocida como Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico (Ley 22). Estos habían sido fuertemente atacados y criticados a principios de año, causado en parte, por una iniciativa del gobierno federal que cuestionó su uso y monitoreo.Proyecto del Senado 40El Proyecto del Senado 40 propone derogar las leyes 20 y 22. La exposición de motivos del proyecto plantea que estas leyes proveen beneficios a inversionistas de otras jurisdicciones lo que causa una competencia desleal para inversionistas locales. El proyecto también argumenta que sus requisitos son sumamente laxos y poco fiscalizados.Dicha pieza legislativa, evalúa estas leyes de forma combinada cuando en realidad son estatutos separados. La Ley 20 provee incentivos para la exportación de servicios. La exención para la exportación de servicios ha estado en nuestro sistema fiscal por más de 40 años y puede ser utilizada por inversionistas locales. Mientras, la Ley 22 provee exenciones en ingreso pasivo de intereses, dividendos o ganancias de capital. Esta última solo puede ser utilizada por personas que no eran previamente residentes de Puerto Rico. El impacto económico de ambas leyes es muy diferente como veremos más adelante.Segundo, el proyecto no considera que desde el 1 de enero del 2020, estos incentivos se solicitan a través de la Ley 60-2019, conocida como Código de Incentivos. O sea que, si se derogan las leyes 20 y 22, todavía quedarían exenciones similares bajo el Código de Incentivos.Finalmente, se debe considerar la naturaleza contractual de los decretos contributivos. Una vez concedido un decreto se trata como un contrato con el gobierno de Puerto Rico. El derogar dichas leyes no debería afectar o menoscabar los acuerdos existentes. Más aún, cuando estas leyes proveen el marco legal para la interpretación de los decretos en el caso de controversias futuras.Entendemos que el proyecto según redactado no debería ser aprobado. Sin embargo, ha servido de punto de partida para un análisis de estos estatutos por la Legislatura, el Ejecutivo y el sector privado. Esto podría dar paso para proveer prospectivamente cambios a la legislación.Estudio del 2021Recientemente se publicó un estudio titulado "The Employment and Output Impact of the 2012 Acts 20, 22 and 273", hecho...

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