Violentados los reglamentos

Por Ricardo Cortés Chico, Gloria Ruiz Kuilan y Keila López Alicea

puertoricohoy@elnuevodia.com

De hecho, fuentes de El Nuevo Día hasta coincidieron en que no existe un panorama legal que justifique, aunque sea de manera indirecta, la emisión de estos pagos de forma lícita, mucho menos a nombre de un individuo, especialmente si se entiende que el pago que los timadores exigían, haciéndose pasar por el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg Toro, era una especie de pareo de fondos.

Según el Departamento de Justicia, varios individuos, haciéndose pasar por el exrepresentante, llamaron a los jefes de varios organismos gubernamentales, incluyendo la UPR y la ACAA, alegando que el gobernador Alejandro García Padilla tenía unos fondos disponibles que estaban condicionados a que la entidad pública desembolsara miles de dólares. En la UPR, la oferta fue de $15 millones a cambio de tres cheques de $50,000. La ACAA emitió, ante una oferta similar, un cheque por $100,000.

Ayer el exadministrador de la ACAA Julio Alicea no pudo explicar cómo fue víctima de los timadores porque, según dijo, Justicia le pidió que no hablara, ya que hay una investigación en curso.

Fuentes de este diario, algunas en la esfera federal, coincidieron en que un escenario así, en circunstancias normales, podía ser interpretado por cualquier funcionario como un intento de soborno. Especialmente por el hecho de que los pareos de fondos que se exigen como parte de programas federales o estatales no requieren el desembolso de fondos como lo hizo la UPR y la ACAA.

El hecho de que los funcionarios en la UPR y en la ACAA no pensaran que era un soborno ni alertaran el asunto levanta sospechas, dijo una de las fuentes que trabaja casos de crímenes de cuello blanco.

La contralora Yesmín M. Valdivieso confirmó ayer que en estos casos las entidades gubernamentales debieron al menos exigir un documento oficial y verificable que justificara la emisión del dinero, cosa que no pasó en ninguno de los dos casos. Tanto la ACAA como la UPR trabajaron los cheques con una celeridad asombrosa, ignorando las disposiciones reglamentarias.

Ejemplo claro del argumento de la contralora se observa en el reglamento que regula los ingresos no recurrentes que recibe la UPR del Gobierno central. Este estatuto dispone que para tramitar este tipo de ingresos, no recurrentes, la UPR debe recibir copia de la resolución conjunta o del documento que acredite los fondos a la UPR. Sin embargo...

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