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'Voy a ser el adjudicador final'

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Vincent

El director designado de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, dijo estar consciente de que tras el verano de 2019, hace falta "sanear la percepción pública". Como hombre al mando de la agencia fiscalizadora, expresó que desea agilizar las investigaciones, que ascienden a 711 casos repartidos entre solo seis abogados.A diferencia de su predecesora Zulma Rosario Vega, el funcionario decidió que no delegará la autoridad final de los casos ante la consideración de esa oficina. Al menos, ese será su proceder si la Legislatura confirma el nombramiento que hizo la gobernadora Wanda Vázquez Garced."Yo sí voy a ser el adjudicador final. Era la acción que hacía como subdirector, que por un año estuve haciendo... Entiendo que si mías son las responsabilidades, mías son las determinaciones finales", expresó el nominado en entrevista con El Nuevo Día.Pérez Vargas se convirtió en el primer director designado de la OEG, que proviene de la propia agencia. Contó que comenzó como empleado de la OEG hace 12 años, tras participar de una convocatoria para el cargo de educador de ética, un puesto que le requería dar talleres en toda la isla. Posteriormente, surgieron vacantes para los cargos de especialista en recursos humanos, director auxiliar de personal y subdirector ejecutivo, todos puestos que ocupó en la agencia."Soy el primer servidor público, que viene de abajo, que llega acá (al puesto de director)", observó el hombre natural de Moca.El nominado se reunirá el próximo lunes, con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz como parte del proceso previo a su confirmación.Como subdirector de la OEG, una de las pocas apariciones públicas fue cuando anunció el archivo del planteamiento ético contra la presidenta del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, dos años después del referido por parte del Departamento de Justicia. Cuando hizo el anuncio, llevaba 10 meses en el puesto de subdirector. Reconoció que el tema "no fue bien visto", pues, según dijo, se trató de un "asunto técnico" por las funciones duales de ella como funcionaria pública y contratista. Defendió la determinación de la oficina, pues la ley establece que las violaciones éticas de cualquier empleado público tienen que haber sido "en el uso de sus funciones". Las acciones que se le adjudicaron a Cotto Vives fueron en calidad de contratista."Es un proceso que conlleva revisión judicial y obviamente, las cosas hay que hacerlas bien; esto no es...

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