De vuelta los reclamos de más fondos para Medicaid
WASHINGTON.- Las autoridades de gobierno y el sector privado de Puerto Rico tienen previsto iniciar esta semana una nueva carrera contrarreloj en busca de un financiamiento adecuado para el programa Medicaid en la isla e insertarse en la reforma contributiva que el Congreso quiere aprobar antes de que termine 2017.
En medio de una grave crisis fiscal que no cesa, la primera tarea, y todo el mundo coincide que es la más urgente, es tratar que el Congreso por lo menos mantenga el nivel de asignaciones en fondos de Medicaid que ha recibido Puerto Rico después de aprobada la ley que creó el llamado Obamacare.
Mientras se debate en los tribunales la reestructuración de la deuda, el gobierno de Ricardo Rosselló ha indicado que los fondos de Obamacare se agotarán, a más tardar, a principios de abril de 2018, lo que dejará este año fiscal con cerca de $235 millones menos de lo usual en asignaciones de Medicaid, el programa federal que financia la mayor parte del plan gubernamental Mi Salud.
Aunque el presupuesto de este año fiscal puertorriqueño ya está aprobado y el Plan Fiscal acordado con la Junta de Supervisión Fiscal no contempla nuevos fondos federales, el fin de las asignaciones de Obamacare representará que el gobierno de Rosselló pierda cerca de $1,200 millones anuales.
“El abismo fiscal de fondos Medicaid permanece, por lo que los esfuerzos de llevar ese mensaje en la capital federal continúan, liderados por la comisionada residente Jenniffer González y PRFAA”, indicó Ángela Ávila, jefa de la Administración de Seguros de Salud (ASES).
Desde la primavera, el speaker Paul Ryan le dijo a González que el “abismo fiscal” en fondos de Medicaid pudiera atenderse como parte de la reautorización del plan de salud infantil (que se conoce indistintamente por su siglas en inglés CHIP o SCHIP).
Ese momento llega ahora, pues el Congreso reinicia sus sesiones el martes y la ley CHIP expira en menos de un mes, el 30 de septiembre.
Pero la agenda boricua tendrá que abrirse camino dentro de un Congreso cada vez más complicado -incluso con más divisiones internas republicanas, algunas provocadas desde la Casa Blanca-, y entre las prioridades del gobierno federal.
Tras el azote del huracán Harvey, la primera asignación del Congreso será aprobar esta semana un pronto pago que puede acercarse a los $8,000 millones para atender la emergencia que ese ciclón dejó principalmente en Texas y terminará costándole al gobierno federal sobre $100,000 millones.
Aun antes...
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