Zapata Zaavedra V. Zapata, 2002 J.T.S. 30

Autor:Dra. Ruth E. Ortega Vélez
Páginas:449-452
 
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Debido Proceso de Ley: Procesal o Sustantivo.

Hechos: La menor Lucía Castro Olmeda nació el 6 de julio de 1983, hija

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de Ana María Olmedo Padilla y Fernando Castro. Debido a la incapacidad de la madre y la imposibilidad del padre para cuidar de la menor por causa de su adicción a las drogas, a los seis meses de nacida, la madre decidió entregar la niña a su prima María Rosa Irizarry y al esposo de esta, David Zapata Saavedra. Cuatro años después, el matrimonio Zapata Irizarry presentó una petición de adopción ante el T.P.I. Durante la tramitación de la adopción, el padre adoptante estuvo muy enfermo, pero consintió a adoptar la menor.

El padre adoptante murió el mismo día de la vista señalada por el T.P.I. La madre adoptante solicitó al T.P.I. que notificara sobre el procedimiento de adopción a los padres del finado, Alfredo Zapata Martínez y Carmen Ellit Saavedra del Toro. Los Peticionarios solicitaron intervenir como partes en el procedimiento de adopción, por alegadamente ser estos herederos forzosos del padre adoptante. Los Peticionarios se opusieron a la adopción, alegando que su hijo les había manifestado no querer adoptar a la menor. La madre adoptante se opuso a la solicitud de intervención presentada por los Peticionarios. Adujo que, conforme a la Ley de Adopción, los Peticionarios tenían derecho a ser oídos a los fines de establecer que el finado había desistido de su consentimiento a la adopción, mas no tenían derecho a intervenir como parte en el procedimiento.

En cuanto a la oposición de los Peticionarios a la adopción por razón del alegado desistimiento del padre adoptante, la madre adoptante negó dichos planteamientos. Para sustentar sus alegaciones, anejó copia de la declaración jurada del doctor Miguel A. López Napoleoni, quien declaró que su paciente había expresado hasta el último momento su interés en asistir a la vista de adopción. El T.P.I. limitó la intervención de los Peticionarios conforme a lo expuesto en el Art. 16 de la Ley de Adopción, y determinó que dicha disposición no viola precepto constitucional alguno.

El T.A. declaró sin lugar la solicitud de paralización de la vista. Celebrada la vista en su fondo, el T.P.I. emitió Decreto de Adopción, en la cual concedió la adopción solicitada. De la misma surge que los padres biológicos fueron emplazados personalmente y que estos no presentaron objeción a la adopción.

Los Peticionarios fueron escuchados en la vista, sin que se limitaran sus testimonios a la controversia del consentimiento del padre adoptante. El T.P.I. determinó que el padre biológico nunca veló, ni se responsabilizó por la menor. Añadió que, a pesar de las limitaciones físicas del padre adoptante por razón de su estado de salud, este consintió en adoptar a la menor habiendo compartido su custodia por aproximadamente cinco años. Respecto al bienestar de la menor, concluyó que los adoptantes le han satisfecho todas sus necesidades físicas, económicas y emocionales, ofreciendo a esta un hogar estable. En cuanto a la capacidad económica de la madre adoptante, el TPI determinó que esta tiene la capacidad de cubrir sus necesidades y las de la menor. Por último, concluyó que el padre adoptante no desistió de su consentimiento a la adopción.

Los Peticionarios impugnaron el dictamen del T.P.I. Alegaron que el

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T.P.I. violó la cláusula del debido proceso de ley al no permitirles participar como partes en el procedimiento de adopción, y cuestionaron a su vez la constitucionalidad de la Ley de Adopción bajo la cláusula del debido proceso de ley. El T.A. confirmó al T.P.I. y concluyó que la intervención de los Peticionarios está limitada a demostrar y probar que su hijo, el padre adoptante, abandonó o desistió de la intención de adoptar a la menor; y que las disposiciones cuestionadas no presentan visos de inconstitucionalidad. Los Peticionarios acudieron ante el Tribunal Supremo.

Controversia: Si la Ley de Adopción adolece de vicio constitucional. Decisión del Tribunal Supremo: Confirma la sentencia. Se cumplió con la Ley de Adopción y no hubo violación al debido proceso de ley.

Fundamentos legales: La adopción es un acto jurídico solemne, el cual supone la ruptura total del vínculo jurídico-familiar de un menor con su parentela biológica, y la consecuente filiación del menor con aquél o aquéllos que han expresado la voluntad de que legalmente sea su hijo. Bajo esta institución, se equipara la relación filiatoria adoptiva con aquélla que se produce naturalmente, con iguales deberes y obligaciones jurídicas y sociales. En procedimiento de adopción, el propósito primordial es el bienestar del menor, lo que hay que proteger en todo momento, velando que no se le separe indebidamente de sus padres, si las circunstancias particulares lo ameritan, observando que estos reciban la orientación y ayuda adecuada.

La institución de la adopción se rige en el aspecto sustantivo por el Código Civil de Puerto Rico. En su aspecto procesal, está gobernada por el Código de Enjuiciamiento Civil. Respecto a la interpretación del conjunto de normas sustantivas y procesales de la adopción, las mismas deben ser interpretadas liberalmente a favor del adoptando.

El reclamante de un derecho posee legitimación activa si cumple con los siguientes requisitos: 1) que ha sufrido un daño claro y palpable; 2) que el referido daño es uno real, inmediato y preciso y no uno abstracto o hipotético; 3) que existe conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y 4) que la causa de acción surge bajo el palio de la Constitución o de una ley. Al determinar si un reclamante tiene legitimación activa, el tribunal debe dar como ciertas sus alegaciones e interpretarlas de la manera más favorable a este.

Las disposiciones en la Regla 22.1 de Proc. Civil, sobre sustitución de partes, no son aplicables en el procedimiento especial de adopción. Así, pues, la muerte del padre adoptante no implica que sus herederos lo sustituyan como parte en el procedimiento. Su intervención se limita a ser oídos en cuanto a refutar la presunción de que el padre adoptante consintió a la adopción. La Sec. 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, al igual que las enmiendas V y XIV de la Constitución Federal, garantizan que ninguna persona sea privada de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley.

El debido proceso de ley se manifiesta en dos vertientes distintas: sustantiva y procesal. En su vertiente sustantiva, el tribunal examina la validez de una ley, conforme a los preceptos constitucionales pertinentes. El

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debido proceso de ley procesal impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que sea justo y equitativo. Al determinar cuál es el proceso apropiado para privar a algún individuo de un derecho protegido, se deben observar los tres criterios establecidos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976): (1) determinar cuáles son los intereses afectados por la acción oficial; (2) el riesgo de una determinación errónea que prive a la persona del interés protegido mediante el proceso utilizado y el valor probable de garantías adicionales o distintas; y (3) el interés gubernamental protegido con la acción sumaria y la posibilidad de usar métodos alternos.

El Tribunal Supremo entra a analizar si el T.P.I. observó rigurosamente el debido proceso de ley en este caso. Según el Tribunal, el procedimiento celebrado ante el T.P.I. fue uno de adopción. Basta una somera lectura del texto de la Ley de Adopción para darse cuenta de que es inadmisible ventilar controversias que nada tienen que ver con la conveniencia y el bienestar del menor al este ser adoptado. Por tanto, el T.P.I. no violó la cláusula sobre debido proceso de ley, cuando dicho foro permitió a los Peticionarios presentar prueba para refutar la presunción sobre el consentimiento del padre adoptante a la adopción, y les concedió, sin ser ello necesario, una participación mayor a la que les es reconocida por la Ley de Adopción; observó un procedimiento justo y equitativo.

Los Peticionarios atacan la constitucionalidad de la Ley de Adopción, porque esta solo les concede el derecho a ser oídos y no les permite ser partes en el pleito, privándoles de esta forma de sus derechos hereditarios.

El propósito de la Ley de Adopción es proveer un hogar funcional a niños maltratados, abandonados o desamparados. El propósito primordial de dicha legislación es la conveniencia y el bienestar del menor a ser adoptado. Esta legislación obedece al interés apremiante del Estado de proteger a los niños de nuestro país que han sido maltratados, abandonados o desamparados, brindándoles a su vez la oportunidad de vivir dignamente resguardados por el calor de una familia. La declaración de política pública de la Ley de Adopción dispone que el procedimiento de adopción ha de ser confidencial, para así proteger el derecho constitucional a la intimidad de las partes.

La Ley de Adopción presume que si el adoptante muere antes de finalizar el procedimiento, se entenderá que ha fallecido manteniendo de forma íntegra su consentimiento a la adopción, siempre que, a la fecha del fallecimiento del adoptante, el adoptando hubiere vivido en el hogar de este por lo menos seis (6) meses antes de su fallecimiento. En vista del interés apremiante del Estado en viabilizar el procedimiento de adopción y el mecanismo dispuesto por la ley aquí concernida, mediante la cual se le concede a los presuntos herederos forzosos del peticionario fallecido el derecho a rebatir la presunción establecida, entiende el Tribunal, que la Ley de Adopción es constitucionalmente válida.

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