Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 207 DPR ___
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CC-2021-459, cons. CC-2021-473 |
| DTS | 2021 DTS 112 |
| TSPR | 2021 TSPR 112 |
| DPR | 207 DPR ___ |
Roberto Aponte Berríos, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Olvin Valentín Rivera, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral
del Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Vanessa Santo Domingo, en su capacidad oficial como Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP)
Recurridos
Reconsideración
2021 TSPR 112
207 DPR ___, (2021)
207 D.P.R. ___, (2021)
2021 DTS 112, (2021)
Número del Caso: CC-2021-459
cons. CC-2021-473
Fecha: 28 de ju1io de 2021
Tribunal de Apelaciones: Panel X
CC-2021-459
Abogados de la parte peticionaria
Comisionado Electoral del
Partido Popular Democrático: Lcdo. Jorge Martínez Luciano
Lcdo. Emil Rodríguez Escudero
Parte con Interés:
Abogado del Comisionado Electoral
Del Partido Independentista
Puertorriqueño: Lcdo. Juan M. Mercado Nieves
Abogado del Comisionado Electoral
Proyecto Dignidad: Lcdo. Nelson Rosario Rodríguez
CC-2021-473
Abogado de la Parte Peticionaria
Comisionado Electoral
Proyecto Dignidad: Lcdo. Nelson Rosario Rodríguez
Resolución NO HA LUGAR con Voto particular disidente.
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En San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2021.
Debido a que la primera Sala Especial de Verano atendió la Petición de Certiorari, se constituye una SalaEspecial de Verano integrada por el Juez Asociado señor Martínez Torres, como su Presidente, el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo, el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón y el Juez Asociado señor Colón Pérez, para atender la Solicitud de reconsideración en el caso CC-2021-459 consolidado con CC-2021-473, Nelson Rosario Rodríguez, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Proyecto Dignidad v. Ricardo A. Rosselló
Nevares; Gerardo Cruz Maldonado, en su carácter de Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (PPD); Hon. Francisco Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; Roberto Aponte Berríos, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Olvin Valentín Rivera, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Vanessa Santo Domingo, en su capacidad oficial como Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Lo decretó y firma,
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
CERTIFICO:
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
Sala Especial de Verano integrada por el Juez Asociado señor Martínez Torres como su Presidente, y los Jueces Asociados señor Kolthoff Caraballo, señor Feliberti Cintrón y señor Colón Pérez.
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de julio de 2021.
A la Solicitud de reconsideración presentada por la parte peticionaria, Nelson Rosario Rodríguez, se provee no ha lugar.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió un Voto particular disidente.
Voto Particular Disidente emitido por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico a 28 de julio de 2021.
¡Otro verano!
En éste, una mayoría de la Sala constituida para entender en la solicitud de reconsideración presentada en la causa de epígrafe se ha negado a acoger la misma. Con su silencio, valida cierta determinación del Tribunal de Apelaciones -- conceptual y jurídicamente errada -- que tuvo como único efecto el permitir que el señor Ricardo A. Rosselló
Nevares (en adelante, señor Rosselló Nevares) fuese certificado como delegado congresional de Puerto Rico ante el Congreso de los Estados Unidos de América, en virtud de lo dispuesto en la Ley Núm. 167-2020, infra. De dicho proceder, enérgicamente disentimos. Esta, sin duda alguna, era una de esas instancias donde este Tribunal tenía la obligación de reconsiderar su determinación del pasado 20 de julio de 2021.
Y es que, -- contrario a lo señalado en la equivocada Sentencia emitida por el foro apelativo intermedio --, no albergamos duda alguna de que la Querella al amparo del Art. 7.5 de la Ley Núm.
58-2020, conocida como Código Electoral de Puerto Rico de 2020, infra, presentada por el Comisionado Electoral del Proyecto Dignidad, el licenciado Nelson Rosario Rodríguez (en adelante, licenciado Rosario Rodríguez), fue llevada oportunamente ante la consideración del Tribunal de Primera de Instancia por lo que dicho foro poseía jurisdicción para entender en el asunto.1 Así las cosas, el único foro que tuvo la oportunidad de recibir la prueba y evaluar la misma, correctamente resolvió que el señor Rosselló Nevares -- a la fecha de la elección especial en cuestión -- no cumplió con los requisitos dispuestos en ley para ocupar una de las seis (6) plazas como delegado congresional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 167-2020, infra.2
Recordemos que se trata aquí de un candidato electo por nominación directa. Como tal, y en lo relacionado al evento electoral que nos ocupa, --
el cual fue celebrado el 16 de mayo de 2021 --, ese tipo de voto fue contado durante el proceso de escrutinio. Así, y finalizado el referido proceso, el 1 de junio de 2021 se emitió la Certificación
que declaró electo, como delegado congresional, al señor Rosselló Nevares. Como cuestión de hecho, es a partir de ese momento que se sabe, de manera oficial, que éste último fue una de las personas electas al mencionado cargo. Es, por tanto, en ese preciso instante cuando los Comisionados Electorales de los diversos partidos políticos representados en la Comisión Estatal de Elecciones (en adelante, C.E.E.), podían descargar la responsabilidad que les impone el Artículo 3.2 (1) del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, infra;3 utilizando para ello, claro está, el vehículo procesal de la Querella, según contemplado en el Artículo 7.5 del precitado cuerpo legal. Así claramente se desprende de una lectura armoniosa de las disposiciones del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, infra, que gobiernan este asunto,4 y así correctamente lo hizo el licenciado Rosario Rodríguez. No cabía, pues, hablar aquí de falta de jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia como muy acomodaticiamente, y a pedidos del Partido Nuevo Progresista, lo hizo el Tribunal de Apelaciones.
Ahora bien, establecido lo anterior - y más allá de pasar juicio sobre si el señor Rosselló Nevares cumplió o no con los requisitos estatutarios para ocupar el mencionado puesto de delegado congresional; exigencias que, a todas luces, éste no satisfizo --, para el juez que suscribe, el presente caso resultaba ser también la ocasión perfecta para que mis compañeros de estrado, en el descargue de sus funciones como últimos intérpretes de nuestra Carta Magna, pasaran juicio sobre si la ley bajo estudio se ceñía o no, al mandato dispuesto en el Art. VI, Sec. 9, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Cláusula constitucional que expresamente prohíbe que se utilicen fondos públicos para fines privados.
Nótese que, de éstos haber realizado dicho análisis, era forzoso concluir que estábamos ante otra instancia más donde -- ilegalmente -- se autoriza el uso de fondos públicos para fines patentemente privados. En esta ocasión, para promocionar una de las varias fórmulas de estatus en nuestro entorno sociopolítico, en este caso, la Estadidad. Ello, en una sociedad que se hace llamar democrática, -- y que enfrenta una seria crisis fiscal --, no debe tener espacio.
Si bien reconocemos que existe una norma de autolimitación judicial que -- como regla general -- procura que los planteamientos constitucionales no sean abordadoscuandouna controversia pueda resolversemediante un análisis estatutario, somos de la opinión que existen determinados asuntos de tan alto interés público que -- por vía de excepción -- deben mover a este Tribunal a, como interpretes finales de nuestra Carta Magna, intervenir en los mismos.5
Recordemos que, con el paso del tiempo, la aplicación automática de la norma de autolimitación judicial, -- en distintos escenarios --, ha perpetuado la indiferencia, la ilegalidad y la injusticia.6 El presente caso es otro ejemplo más de ello. Nos explicamos.
Los hechos medulares que dieron margen al presente litigio no están en controversia. Allá para el...
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