Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 31 D.P.R. 254

EmisorTribunal Supremo
DPR31 D.P.R. 254

31 D.P.R. 254 (1922) SUCESIÓN JIMÉNEZ V. CRUZ

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sucesión Jiménez, Demandante y Apelada,

v.

Cruz et al., Demandados y Apelantes.

Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre daños y perjuicios.

No. 2484. Resuelto en diciembre 9, 1922.

Los hechos están expresados en la opinión.

Abogado de los apelantes: Sr. José de Guzmán Benítez.

Abogado de la apelada: Sr. F. González.

El Juez Asociado Sr. Hutchison, emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Humacao dictó

sentencia por la suma de $402 en

concepto de daños y perjuicios en una acción seguida a virtud de fianza

prestada para garantizar el pago de los daños y perjuicios que pudieran

originarse por razón de la expedición del injunction provisional u orden

restrictiva. Cuatrocientos dólares de la suma por tal concepto recobrada

corresponde a los honorarios de abogado por servicios profesionales

prestados no por tratar de obtener la resolución del injunction preliminar,

sino por defender el caso principal sobre sus méritos, siendo la disolución

de la orden restrictiva un mero incidente para el resultado de la cuestión

principal.

Cita la corte inferior el caso de Moreno v.

Martínez et al., 14 D. P. R.

383, pero los honorarios de abogado envueltos en aquel caso parece que

fueron por servicios suministrados para conseguir la disolución del

injunction. Si esta corte será o no consecuente con la regla enunciada en

dicho caso, la que parece estar sostenida por el gran peso de las

autoridades en las cortes de estados, o reconocerá lo que es al parecer la

doctrina establecida en las cortes federales, y en los territorios donde se

consideran como reguladoras las decisiones de aquellas cortes, es cuestión

que no es necesario resolver ahora definitivamente.

"Los honorarios que pueden recobrarse generalmente están limitados a

aquellos que son necesarios al tratar de obtener la resolución de un

injunction, quedando excluídos los servicios prestados al hacerse una

defensa general sobre los méritos, así como también los honorarios por

servicios suministrados al pretender obtener sin éxito la disolución de un

injunction. Por tanto, si un demandado en vez de procurar disolver el

injunction preliminar trata más bien de impedir la expedición de un

injunction perpetuo, o encamina sus esfuerzos a hacer ineficaz la acción del

demandante, el gasto incurrido por honorarios de abogado es un incidente en

la acción y no puede...

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