Bajo fuego la Ley Promesa

La Ley Promesa atravesará por otra prueba de fuego, el miércoles, cuando la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) intente convencer a la magistrada Judith Dein de que el presupuesto que debe implementarse en este año fiscal es el aprobado y firmado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares a principios de mes.Se trata de la primera demanda formal incoada por el gobernador contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el organismo creado por el Congreso con la encomienda de renegociar la deuda de la isla y restaurar la disciplina fiscal. Pero también, el litigio es uno de sobre 75 pleitos incoados contra el gobierno o la JSF -que actúa como su alter ego para fines de la reestructuración- y en los cuales, de una forma u otra, se cuestiona el alcance del estatuto federal aprobado hace dos años.Hasta la fecha, podría decirse que las aseguradoras municipales que respaldan la deuda de la isla, grupos de bonistas, contratistas y hasta organizaciones profesionales o sindicatos -excepto aquellos vinculados con solicitudes de acceso a información- han fracasado en sus reclamos contra las acciones de la JSF o el gobierno o en los cuestionamientos en torno a la constitucionalidad de Promesa.Ahora, los pedidos de interdicto y sentencia declaratoria provienen de los oficiales electos de Puerto Rico, quienes a la luz de Promesa, estarían llamados a ejecutar el mandato dual dado a la JSF. En estos casos, diversas partes ya reciben denegatorias de la corte.La semana pasada, por ejemplo, la magistrada Dein denegó un pedido de la Asociación de Profesoras y Profesores Universitarios de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez para intervenir en el litigio entre el gobierno y la JSF. La JSF ha pedido desestimar el litigio, señalando que actúa conforme a los poderes que le fueron conferidos en Promesa.En el caso del litigio incoado por los presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos "Johnny" Méndez contra la JSF y que también se discutiría en la audiencia general del próximo miércoles, la magistrada Dein -a quien la jueza Laura Taylor Swain encomendó resolver la controversia- denegó el pedido de intervención de los legisladores del Partido Popular Democrático.Un intento cuesta arribaA pesar de que Promesa supone un marco institucional amorfo, tanto desde el ámbito de derechos constitucionales y principios de gobierno propio como desde el plano de los procesos de reorganización y bancarrota provistos en el Código de Quiebras, para...

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