Cuajan un cargo por siete años

Por Sandra Caquías Cruz

end.scaquias@elnuevodia.com

La razón para esta medida, según la exposición de motivos, fue la necesidad de "dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los programas federales" y "asegurar los servicios" a las 55,148 familias que residen en vivienda pública.

El proyecto -PC 3960- coloca en manos de ese administrador de Vivienda Pública, cuyo contrato vencería en el 2019, la adjudicación de los once contratos para administrar los 330 residenciales públicos de Puerto Rico, cuyo monto total alcanza los $ 400 millones anuales.

La próximas dos subastas para otorgar esos contratos de administración de residenciales será en el 2014 y en el 2017. Son contratos que salen a subasta cada tres años, informó ayer el secretario del Departamento de la Vivienda, Miguel Hernández Vivoni.

Hernández Vivoni rechazó que el fin de la medida sea mantener un funcionario de la actual administración al frente de estas contrataciones. "Esto va a subasta, no es porque al administrador le dé la gana de nombrar a alguien", dijo.

Destacó que el proyecto no cambiaría la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda, cuya función es establecer la política pública y aprobar los presupuestos. "La Junta permanece con un poder sobre el Administrador", subrayó.

Explicó que el administrador de vivienda pública estará a cargo de ese proceso de subasta, pero quien finalmente aprueba los contratos es la Junta, integrada por cuatro funcionarios del gobierno en turno: el secretario de la Vivienda (presidente); secretario del Departamento de la Familia; el secretario del Departamento del Trabajo y el director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda. Ellos ocupan cargos por cuatro años.

El proyecto fue enviado al gobernador y debería ser firmado antes de 30 días, confirmó La...

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