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EMPLEADOS DEL 9-1-1 ABANDONAN EL BARCO POR MEJORES OFERTAS

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Vincent

Una disputa entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 ha impedido que se hayan puesto en vigor todos los lineamientos de una ley que, entre otras cosas, le permitiría a los empleados de esta dependencia disfrutar los beneficios de su convenio colectivo y que la entidad tenga mayor éxito en contratar personal, dijo el comisionado Manuel González Azcuy.El Sistema de Emergencias 9-1-1 tiene 24 plazas por llenar y constantemente pierde personal que recibe ofertas económicas superiores en Estados Unidos, dijo González Azcuy a este medio tras participar de una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado.Con la firma de la Ley 32-2020, producto de una medida de los senadores Henry Neumann y José Vargas Vidot, se pretendió, por un lado, ponerle fin a una práctica que comenzó en el 2014 en la que el gobierno central le quitaba fondos al Sistema de Emergencias 9-1-1 para diferentes fines. Según cálculos de la unión que agrupa a los empleados del sistema, la AFL-CIO, se desviaron $24 millones ilegalmente.Sin embargo, a pesar de que la pasada gobernadora Wanda Vázquez firmó la Ley 32-2020, en este presupuesto, el Sistema de Emergencias 9-1-1, tuvo que transferir $2.3 millones al Departamento de Seguridad Pública para gastos administrativos.En la vista se trajo a colación que el Sistema de Emergencias 9-1-1 tampoco ha podio poner en vigor la sección 3 de la Ley 32-2020 debido a que la postura...

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