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Insiste en impugnar juramentación de Pierluisi

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Vincent

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, defendió ayer la legitimación activa del ayuntamiento para retar directamente, en el Tribunal Supremo, la validez de la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador.Pierluisi, quien asumió la gobernación el viernes, ha dicho que renunciaría al cargo en el caso de que el Senado vote mañana en contra de su nombramiento como secretario de Estado.No obstante, mañana a las 8:00 a.m., el abogado del Municipio de San Juan, Frank Torres Viada, presentará un recurso extraordinario de "quo warranto" para impugnar la toma de poder de Pierluisi y solicitar al Tribunal Supremo que emita una orden de cese y desista a cualquier acción que tome, como puede ser la firma de una ley o una orden ejecutiva, que afecte los intereses de los municipios.Durante una conferencia de prensa, Cruz Soto indicó que, independientemente del resultado de la votación en el Senado, el gobierno municipal solicitara también una sentencia declaratoria. para que se declare inconstitucional -como han sostenido ya varios juristas- la Ley 7-2005. Este estatuto dispone que un secretario de Estado, sin haber sido confirmado por los dos cuerpos legislativos, puede ocupar el cargo de gobernador en caso, por ejemplo, de una renuncia.Cruz Soto indicó que la legitimación activa del Municipio de San Juan se fundamenta en varios puntos como, por ejemplo, el juramento que ella hizo, al asumir su cargo como alcaldesa, de defender la Constitución de Puerto Rico."Pierluisi, hasta el miércoles de esta (pasada) semana, fue abogado de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le ha quitado $350 millones a los municipios, incapacitando a muchos de ellos de dar servicios esenciales. Pierluisi podría tomar decisiones en estos días que afecten a uno o más municipios y ya dijo que tienen que pagar el "PayGo", sostuvo Cruz Soto. La alcaldesa aludió a las expresiones de Pierluisi, durante la vista pública en la que se evaluó su nombramiento en la Cámara de Representantes, en las que favoreció que los ayuntamientos paguen el retiro de sus empleados.La Ley 29-2019, que ha sido impugnada por el ente fiscal con una demanda radicada contra el gobierno el 3 de julio, dispone que los municipios no tendrán que hacer aportaciones al Plan Vital y tampoco para el pago de las pensiones de sus trabajadores. En cambio, aportarían el dinero "ahorrado" a un Fondo de Equiparación, del cual se benefician en mayor proporción los municipios más pequeños.Al defender el...

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