Sentencia de Tribunal Apelativo de 22 de Octubre de 2009, número de resolución KLCE200901246
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE200901246 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 22 de Octubre de 2009 |
LEXTA20091022-02 Bermúdez Torres v. Dr. Nazario Cintrón
| CÉSAR E. BERMÚDEZ TORRES, por sí y | | Certiorari procedente |
Panel integrado por su presidente, el Juez Aponte Hernández, el Juez Cabán García y la Jueza Cintrón Cintrón
Aponte Hernández, Juez Ponente
R E S O L U C I Ó
N
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2009.
Los peticionarios, Dr. Manuel Díaz Vargas, por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta con su esposa, nos solicitan que revoquemos la resolución emitida el 31 de julio de 2009 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama. Mediante la misma, dicho foro cumplió con la obligación que le impone la Regla 36.4 de Procedimiento Civil e incluyó las determinaciones de hechos no controvertidos que le impidieron dictar sentencia sumaria en la resolución de 25 de mayo de 2000.
Por los fundamentos que expondremos, se deniega la expedición del auto solicitado.
La demanda del caso de autos está basada en una reclamación de daños y perjuicios por alegada impericia médica. El codemandado
recurrente, Dr. Manuel Díaz Vargas, solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor, bajo el fundamento de que la causa de acción en su contra había prescrito. La parte demandante interpuso oposición. El 25 de mayo de 2000, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) denegó la moción de sentencia sumaria, mediante la siguiente resolución:
2-MOCION DE SENTENCIA SUMARIA-LCDO RAFAEL PONT MARCHESE
NO HA LUGAR.
3-OPOSICION A MOCION DE SENTENCIA SUMARIA-LCDO SAMUEL GRACIA GRACIA
HA LUGAR.
De dicha determinación, el Dr. Díaz Vargas, representado por el Lcdo. Pont Marchese, presentó recurso de certiorari ante este Tribunal, entonces denominado Tribunal de Circuito de Apelaciones. Este foro1 denegó la expedición del recurso mediante resolución emitida el 21 de septiembre de 2000 en el recurso KLCE200000738. Concluyó, que la determinación recurrida no cumplía con los requisitos de la Regla 36.4, 32 L.P.R.A. Ap.
En cumplimiento con la resolución emitida por este Foro, el 31 de julio de 2009 el TPI emitió resolución. Mediante la misma, determinó que no existía controversia sustancial en relación a los siguientes hechos:
1. La demanda original en el caso de epígrafe fue impuesta oportunamente el 12 de mayo de 1996.
2. En dicha demanda se incluyeron demandados de nombre desconocidos designados como Fulano y Fulana de Tal. Se alegó Que la acción negligente y combinada de los demandados provocaron el fallecimiento de la señora Wanda
Ivette Cotto Amaro el día 11 de octubre de 1995.
3. La Demanda Enmendada fue oportunamente presentada el 16 de julio de 1999. Se incluyó al Dr. Manuel Díaz Vargas como codemandado
y los demandantes alegaron, en síntesis, que dicho médico es solidariamente responsable de los daños ocasionados a la demandante y que la acción negligente y combinada de los demandados provocaron el fallecimiento de la señora Wanda Ivette Cotto
Amaro.
4. La enmienda a la Demanda original mediante la cual se incluyó al Dr. Manuel Díaz Vargas designado originalmente como Fulano de Tal, se retrotrajo al momento de la interposición de la demanda original, ya que la reclamación contra éste último se basó en los mismos hechos que dieron origen a aquella. A esos fines, véase lo resuelto en el caso de Santiago v. Becton Dickenson and Co., S.A., 539 F.Supp. 1149 y Ortiz Díaz v. R.
& R. Motors Sales Corp., 131 D.P.R. 829.
5. A tenor con las circunstancias particulares de este caso, el término prescriptivo
en cuanto al codemandado, Dr. Manuel Díaz Vargas quedó interrumpido con la presentación oportuna de la demanda original. Esta conclusión, sin embargo, es sin perjuicio de la defensa de prescripción [que] se preserve para el juicio, en caso de que este Tribunal llegara a determinar en su día que no existe solidaridad entre las partes. Sobre este particular resulta pertinente lo resuelto por nuestro Más Alto Foro en el caso Arroyo v. Hospital La Concepción...
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