Sentencia de Tribunal Apelativo de 15 de Marzo de 2010, número de resolución KLCE200901788
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE200901788 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 15 de Marzo de 2010 |
| NILDA R. FLORES BORGES FRANCIS LARACUENTE RAMOS Peticionario EX PARTE | | Certiorari procedentes del Tribunal de Primera Instancia Sala de Aibonito Civil número B DI2006-0220 Divorcio (CM) |
Panel integrado por su presidente, el juez Rivera Martínez, la juez Jiménez Velázquez y la juez Gómez Córdova.
Rivera Martínez, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2010.
El señor Francis Laracuente
Díaz (en adelante señor Laracuente) nos solicita que revisemos la resolución emitida el 10 de septiembre de 2009, notificada el 21 de octubre de 2009, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito (en adelante TPI). Mediante dicha determinación el referido foro modificó la pensión alimentaria establecida a favor de sus hijos menores de edad.
El recurso se presentó como una petición de certiorari, sin embargo, lo acogemos como una apelación, ya que las decisiones sobre alimentos, patria potestad o custodia que modifican o intentan modificar los dictámenes finales previos, constituyen propiamente sentencias y son revisables mediante dicho recurso. Figueroa
v. Rosario, 147 D.P.R. 121 (1998).
Examinado el tracto procesal del recurso, así como el derecho aplicable, procedemos a desestimar el mismo por falta de jurisdicción.
La Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que [l]as apelaciones contra sentencias dictadas en casos civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia. Dicho término es jurisdiccional, es decir, si se incumple nos priva de jurisdicción. Igual plazo establece la Regla 53.1(c) de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.
En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, el Tribunal Supremo ha señalado que una de las condiciones dispuestas en nuestro ordenamiento jurídico para perfeccionar un recurso de apelación es el pago de los aranceles de presentación. Gran Vista I, Inc. v. Minerva...
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