Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Abril de 2013, número de resolución KLCE201300411
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE201300411 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 30 de Abril de 2013 |
LEXTA20130430-099 Gomez Holdings Inc. v. Advanced Computer Tech
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
| | KLCE201300411 | Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Región Judicial de San Juan. Civil Núm.: KAC2009-1257(807) Sobre: Cobro de dinero |
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres
Ortiz Flores, Juez Ponente
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2013.
La peticionaria Gómez Holdings, Inc., nos solicita que ejerzamos nuestra función revisora discrecional y dejemos sin efecto la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que ordenó que ciertos fondos que fueron consignados en sus arcas, en conexión con el pleito por incumplimiento de contrato y cobro de dinero que la peticionaria instó contra Advanced Computer Technology, Inc., fuesen remitidos a la Secretaría del Tribunal Federal de Quiebras . El referido pleito contra Advanced Computer Technology, Inc., había sido previamente paralizado por el foro de instancia, luego de que dicha parte se acogiera a los beneficios del Capítulo 11 del Código Federal de Quiebras.
Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos denegar la expedición del auto de certiorari.
El 6 de junio de 2012 la recurrida Advanced Computer Technology, Inc. (Advanced) se acogió a los beneficios del Capítulo 11 del Código Federal de Quiebras. Desde entonces, Advanced ha estado manejando sus asuntos y operando su negocio como deudor en posesión (debtor in possession), conforme lo permite la legislación federal que gobierna estos procedimientos.
En vista de lo anterior, el 19 de junio de 2012 el tribunal a quo decretó la paralización de los procedimientos en la demanda por incumplimiento de contrato y cobro de dinero que la peticionaria Gómez Holdings, Inc. (Gómez) había instado contra Advanced e Investigaciones y Programas, S.A. (IPSA) en octubre de 2009, en el caso identificado KAC2009-1257. En ese pleito, Gómez reclamó la suma de $1,544,482.13 más intereses, y un 10% de esa cantidad para cubrir las costas, gastos y honorarios de abogado.
La controversia entre las partes en el referido pleito gira en torno a la validez del Acuerdo de Gravamen Mobiliario (Security Agreement) que ambos suscribieron ante notario, y que fue inscrito en el Departamento de Estado en el 2003.1 La postura de Gómez es que, mediante el referido acuerdo, Advanced le había cedido todas sus cuentas por cobrar, existentes y futuras, entre otros activos, para garantizar el pago de las obligaciones que esta contrajo con Gómez. Bajo esa creencia, Gómez solicitó la autorización del tribunal primario para retirar los $692,340.24 que ciertos deudores de ACT [Advanced] habían consignado en el pleito.2 Advanced se opuso a esa interpretación de Gómez y a su solicitud para retirar los fondos. En sus escritos Advanced ha sostenido, esencialmente, que el aludido acuerdo de gravamen mobiliario es nulo. También ha planteado que no existe préstamo o financiamiento principal asegurado por el gravamen mobiliario firmado previo o al momento del security agreement, y que un security agreement sin instrumento no puede existir jurídicamente porque es un documento sin causa o consideración.3
IPSA, por su parte, también cuestionó la validez del referido Security Agreement. En su comparecencia inicial ante el tribunal de instancia, sin someterse a la jurisdicción de dicho foro, IPSA sostuvo que el Security Agreement era nulo y contrario a derecho y que Gómez había ocultado su existencia cuando IPSA compró en el 2007 el 100% de las acciones comunes y en circulación de Advanced. Con respecto a unos $800,000 que Gómez le había prestado a Advanced, con la garantía solidaria de IPSA, evidenciada por 32,000 acciones preferidas que se emitieron a favor de Gómez, IPSA argumentó que el Security Agreement tampoco podía ser considerado como un seguro de dichas acciones preferidas de Gómez. IPSA también adujo lo siguiente:
La intervención indebida e ilegal de [Gómez], accionista mayoritario, vendedor y único accionista preferido, ante los clientes de [Advanced] y de IPSA, por separado, imponiendo un security agreement nulo, ha causado el disloque total de las operaciones de [Advanced] y de IPSA ante los dineros consignados en el Tribunal en este caso, por $724,388 de [Advanced] y $800,000 de IPSA, dinero que era el flujo de efectivo necesario para continuar con sus operaciones. [ ]
La privación de los fondos que han sido consignados en el caso de autos, la congelación de fondos de IPSA que incluso no guardan relación alguna con la reclamación de epígrafe [ ] han provocado severos daños económicos a IPSA. Se solicita la devolución de dichos fondos, según consignados. Apéndice del Recurso, págs. 269, 272-273 y 275-276.4
El 30 de noviembre de 2012, y poco más de cinco meses después del dictamen de paralización, el Tribunal Federal de Quiebras emitió una orden para que los fondos consignados en el pleito de Gómez contra Advanced e IPSA (KAC2009-1257) fuesen remitidos a las arcas de su Secretaría.5
Según se explicó, la orden fue emitida luego de que el BBVA, otro acreedor de Advanced, llegara a unos acuerdos con Advanced para que esta pudiese utilizar en el procedimiento de quiebra ciertas garantías o colateral de efectivo (cash collateral) que Advanced le había otorgado al BBVA.6
En atención a la referida orden, el 10 de diciembre de 2012 el foro de instancia remitió el asunto a la unidad de cuentas de la Secretaría del tribunal y le concedió a Gómez un término de cinco días para que se expresara sobre lo intimado por el Tribunal Federal de Quiebras.7
Por entender que no hubo oposición de Gómez, el 21 de diciembre de 2012 el tribunal a quo ordenó el traslado de los fondos a la Secretaría del Tribunal Federal de Quiebras. Poco después, Gómez informó que había presentado su oportuna oposición y que esta no había sido considerada por el foro de instancia. La moción fundamentada de Gómez provocó que el 17 de enero de 2013 el foro primario dejara sin efecto su orden de traslado, y le concedió 20 días a Advanced para presentar su posición.8
Con el beneficio de los escritos de las partes, el 1 de marzo de 2013 el tribunal de instancia declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración de Gómez, y refirió el asunto nuevamente a la Secretaría y/o Unidad de Cuentas para que esta procediera conforme a su orden de 21 de diciembre de 2012.9
De esa determinación Gómez recurrió oportunamente ante nosotros el 3 de abril de 2013.10 En su escrito, Gómez argumentó que el Tribunal de Primera Instancia cometió los siguientes tres errores al ordenar la transferencia de los aludidos $692,340.24 al Tribunal de Quiebra:
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Erró el Tribunal de Instancia disponer [sic] de forma final sobre los derechos de propiedad de GHI sin debido proceso de ley y sin examinar si la orden en que pretende apoyarse dicha disposición final es válida y/o cumple con las exigencias del exequátur.
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Erró el Tribunal de Instancia al no imponer a ACT impedimento judicial.
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Erró al Tribunal de Instancia al desobedecer la Ley del Caso y el Mandato de este Honorable Tribunal de Apelaciones plasmado en la Sentencia del Caso Número KLCE201200376, Golden Mile Development, S.E. v. Advanced Computer Technology, Inc.; Gómez Holdings, Inc., parte interventora, en el cual se resuelve que la titularidad de los fondos consignados está en controversia en el presente pleito, y hasta tanto no [h]aya una adjudicación final y concluyente de que esos fondos le pertenecen a Advanced Computer, a Gómez Holdings o alguna parte[,] la transferencia de los fondos ordenada por el Tribunal de Quiebras no procede.
Aparte de las dos mociones de desestimación por supuesta falta de notificación del recurso de autos, que declaramos no ha lugar, Advanced e IPSA no presentaron su alegato en oposición a pesar de que le concedimos término para ello. Resolvemos sin el beneficio de su comparecencia, pero luego de evaluar con detenimiento los documentos incluidos en el expediente, entre ellos, el escrito que Advanced presentó ante el foro de instancia en el que abordó los mismos planteamientos de error que Gómez llama a nuestra atención y consideración en esta ocasión.11
Los procedimientos de quiebra están regulados exclusivamente por el Congreso de los Estados Unidos en virtud del Artículo 1, Sec. 8, de la Constitución federal. Esta dispone que el Congreso tiene la facultad para establecer las leyes uniformes de Quiebras para toda la Nación. En específico, los procedimientos ante las cortes de quiebra federales, creadas con jurisdicción exclusiva para atender estos procesos, se rigen por Código Federal de Quiebras, 11 U.S.C. sec. 101 et seq.; Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 D.P.R.476 (2010).
El propósito fundamental de todo procedimiento de quiebra es que, mediante el relevo de sus deudas, el deudor tenga la oportunidad de comenzar su vida económica nuevamente. A través de este procedimiento, conforme lo establecido en Código Federal de Quiebras, se protegen los intereses de los acreedores, al distribuirse entre estos los activos del deudor, y los de este, al atenderse sus intereses personales y económicos de modo organizado. Campolieto v. Anaya, 142 D.P.R. 582, 590 (1998); Allende Pérez v. García, 150 D.P.R. 892, 898 (2000).
En ese contexto, la paralización automática (automatic stay) es una de las protecciones más esenciales para el deudor que se acoge a la quiebra. 3 Collier on Bankruptcy sec. 362.03[1] n.5. En peticiones de quiebra al amparo del Capítulo 11 del referido Código (reorganización), la paralización es de particular importancia para mantener el status quo y permitir que el deudor en posesión del patrimonio comprometido, o el síndico...
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