Sentencia de Tribunal Apelativo de 19 de Mayo de 2014, número de resolución KLAN201400273

EmisorTribunal Apelativo
Número de resoluciónKLAN201400273
Tipo de recursoApelación
Fecha de Resolución19 de Mayo de 2014

LEXTA20140519-013 Quiñones Caraballo v. MCS Advantage Inc.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGION JUDICIAL de MAYAGÜEZ – AGUADILLA -

UTUADO

PANEL X

FREDDY QUIÑONES CARABALLO Apelante v. MCS ADVANTAGE, INC. Apelado KLAN201400273 APELACION procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguada Civil Núm.: ABCI201300507 Sentencia Declaratoria

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Serrano, la Jueza Cintrón Cintrón y el Juez Brau Ramírez.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2014.

Comparecen ante nosotros, el doctor Freddy Quiñones Caraballo, y el doctor Samuel Quiñones González (los apelantes), y solicitan que revoquemos la Sentencia dictada el 4 de diciembre de 2013 y notificada el 5 del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguada (TPI). Mediante dicho dictamen el TPI declaró con lugar la Moción Solicitando Desestimación presentada por MCS Advantage, Inc., (apelada).

Por los fundamentos expuestos a continuación, se revoca la Sentencia emitida por el TPI.

I.

Los hechos que dieron lugar a la reclamación comenzaron con la presentación de una Demanda, el 7 de mayo de 2013 por los doctores Quiñones González y Quiñones Caraballo. Los apelantes presentaron una petición de sentencia declaratoria por incumplimiento de contrato, una solicitud de un injuction preliminar y permanente y una causa de acción de daños y perjuicios por difamación en contra de MCS. Sostuvieron que MCS había incumplido con el contrato de proveedores de servicios médicos para planes de salud suscritos entre las partes.

Luego de varios trámites procesales, la parte apelada presentó Moción Solicitando Desestimación en la que alegó que el TPI carecía de jurisdicción sobre la materia. Así también, sostuvo que las expresiones alegadamente difamatorias no cumplían con los requisitos de una causa de acción por difamación.

En oposición, los apelantes indicaron que su solicitud se circunscribía a que se interpretara un contrato y no que se interpretara un estatuto federal.

El 4 de diciembre de 2013, el TPI emitió una Sentencia en la que declaró con lugar la Moción Solicitando Desestimación presentada por MCS. Conforme a ello, el TPI desestimó con perjuicio la reclamación de incumplimiento de contrato por falta de jurisdicción sobre la materia. Además, declaró sin lugar la solicitud de Injunction y Sentencia Declaratoria. Así también, desestimó sin perjuicio la reclamación de daños por difamación y calumnia.

El 19 de diciembre de 2013, los apelantes presentaron moción solicitando reconsideración a la sentencia, alegaron que el TPI había errado al entender que carecía de jurisdicción en la materia por tratarse de asuntos en los que habría que interpretar el Título XVIII de la Ley de Seguro Social que establece el programa Medicare. 42 U.S.C.

1395-1395ccc. Sostuvieron que el TPI tenía jurisdicción para entender en la violación del contrato de adhesión que fue suscrito entre las partes. Añadieron que el TPI podía aplicar las disposiciones del código civil y la jurisprudencia interpretativa de las leyes federales que sean necesarias para adjudicar la controversia.

En oposición a la reconsideración, la parte apelada reiteró que el TPI carecía de jurisdicción para atender la causa de acción por incumplimiento de contrato, toda vez que la ley y la jurisprudencia establecen que al tener que interpretar preceptos federales de Medicare, el foro federal tiene jurisdicción exclusiva. Sostuvo que surge de las alegaciones de causa de acción por incumplimiento de contrato, que la totalidad de las cláusulas del contrato son requisitos mínimos de la Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). En consecuencia, para dilucidar la demanda se requería la interpretación del esquema legislativo-reglamentario del programa federal de Medicare, privando al TPI de la jurisdicción sobre la materia.

El 27 de enero de 2014, el TPI denegó la solicitud de reconsideración presentada por los apelantes.

Inconforme con tal determinación, los apelantes acuden ante nos y plantean la comisión de los siguientes errores:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARSE SIN JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA Y DESESTIMAR LA DEMANDA CON PERJUICIO, BAJO EL FUNDAMENTO DE QUE ES EL FORO FEDERAL QUIEN TIENE JURISDICCIÓN.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN POR DIFAMACIÓN AL DETERMINAR QUE FUE INDEBIDAMENTE ACUMULADA.

Resolvemos.

II.

A.

El Medicare es un programa de seguro de salud federal que provee cobertura médico-hospitalaria a todas las personas mayores de 65 años que sufren de alguna condición de salud y cumplan con otros criterios de elegibilidad. En un principio, Medicare consistía solamente de una subcategoría A, que proveía cobertura para gastos hospitalarios y post hospitalarios, y una sub categoría B, que cubría gastos médicos necesarios y suministros provistos por Medicare. 42 U.S.C. sec. 1395c y 1395j, respectivamente. Para el año 1997, el Congreso de los Estados Unidos le añadió la Parte C al Medicare Modernization Act (MMA), también conocida como Medicare+Choice o Medicare Advantage, 42 U.S.C. sec. 1395w–21 (Parte C). Esta Parte C combinó los servicios de las dos categorías anteriores (A y B), brindándole a los beneficiarios la posibilidad de obtener los servicios de salud a través de compañías de seguros privadas, aprobadas por el Medicare y administrados por la agencia federal CMS.

En lo pertinente, la Parte C del MMA añadió una cláusula de desplazamiento del campo estatal por el federal, que dispone como sigue:

(3) Relation to States laws

The standards established under this part shall supersede any State law or regulation (other than State licensing laws or State laws relating to plan solvency) with respect to MA [Medicare Advantage]

plans are offered by MA organizations under this part. 42 USC sec. 1395w–26(b)(3).

B.

La doctrina del desplazamiento u ocupación del campo proviene de la cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos. Art. VI, Cl. 2 de la Const. de EE.UU. Esta dispone que la ley federal tendrá supremacía sobre las leyes estatales cuando la primera no pueda coexistir con un estatuto estatal. Cotto...

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