Sentencia de Tribunal Apelativo de 27 de Abril de 2016, número de resolución KLAN201600037
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN201600037 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 27 de Abril de 2016 |
| | | APELACIÓN procedente del Tribunal de Primera Instancia Sala de Aguada Caso Núm.: OPLA-2015-202 Sobre: LEY CONTRA EL ACECHO (Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999) |
Panel integrado por su presidenta Jueza Coll Martí, la Jueza Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir
Lebrón Nieves, Jueza Ponente
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2016.
Comparece ante nos José Soto Acevedo (Soto o el apelante), y nos solicita que dejemos sin efecto la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 7 de enero de 2016 y notificada en la misma fecha. En el aludido pronunciamiento, el foro primario declaró Con Lugar la Petición de Orden de protección sobre Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999 (Ley Núm. 284-1999), 33 LPRA sec. 4013 et seq.
Consecuentemente, el foro apelado expidió una Orden de Protección Sobre Ley Contra el Acecho a favor del señor Emilio Hernández Ríos (Hernández o el apelado).
Por los fundamentos ante expuestos, confirmamos el dictamen apelado. Veamos.
La petición de orden de protección al amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico del caso de epígrafe fue presentada el 3 de diciembre de 2015, por el apelado. En la misma, Hernández adujo que Soto, el apelante, quien es vecino suyo, a sabiendas o intencionalmente, manifestó un patrón de conducta de intimidación y amenazas. El apelado sostuvo que dicho patrón consistía en que Soto se trepaba al alero de su casa y desde allí le tiraba piedras a la residencia del apelado. Dichos hechos presuntamente ocurrieron el 27 de noviembre de 2015; el 29 de noviembre de 2015, y el 3 de diciembre de 2015. A consecuencia de todo lo anterior, el apelado solicitó una orden de protección para él y para cualquier miembro de su familia.
Tras un reseñalamiento, finalmente, la vista en su fondo fue celebrada el 7 de enero de 2016. En la misma testificó el apelado y un testigo suyo, de nombre Miguel Acevedo Chaparro. También testificó el apelante.
Conforme sostienen las partes en sus respectivos escritos, del testimonio del apelado, Hernández, se desprendió que éste tiene instaladas en su propiedad cuatro (4) cámaras de seguridad que enfocan su residencia de día y de noche. Igualmente, las cámaras capturan accidentalmente la casa del apelante, que queda paralela a la carretera municipal. Además, el apelado sostuvo que las referidas cámaras filman constantemente.
Como prueba de lo anterior, el apelado presentó copia de la grabación para los días 27 y 29 de noviembre y 3 de diciembre de 2015. También alegaron que la videograbación de los días antes mencionados reveló que el apelante arrojó piedras en horas de la noche o de la madrugada a la casa y patio del apelado. Además, de éstas también surgió que el apelante intentó intimidarlo al pasar con un machete frente a su casa.
De otra parte, el señor Miguel Acevedo Chaparro, testigo del apelado y vecino de las partes de epígrafe, expresó que había visto al apelante lanzar piedras hacia la casa del apelado y hacia su propia casa. Dicho testigo indicó que desconocía la profesión del apelante y que no tenía relación alguna con éste.
Por último, el apelante ofreció su propio testimonio. Soto manifestó que desconocía quien arrojaba piedras a la casa del apelado y negó ser él el autor de dichos actos. Según el apelante, en ocasiones anteriores Hernández se había querellado en su contra, ante la Policía de Puerto Rico, por hechos similares. Sin embargo, el apelante indicó que nunca fue acusado por ningún delito a consecuencia de las querellas del apelado.
Tras los trámites de rigor y en consideración a la totalidad de la prueba que tuvo ante sí, el foro primario dictó una Orden de Protección sobre Ley contra el Acecho, a favor del apelado. La referida Orden tiene vigencia desde el 7 de enero hasta el 7 de julio de 2016. En virtud de la misma, el apelante debe abstenerse de perseguir, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con el apelado y/o con miembros de su familia. Tampoco puede hacer llamadas telefónicas a la residencia o negocio del apelado, ni intervenir con los hijos de éste en los predios de la escuela a la que asisten. El foro...
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