Sentencia de Tribunal Apelativo de 15 de Febrero de 2017, número de resolución KLAN201700012
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN201700012 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 15 de Febrero de 2017 |
| | | Recurso de apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan Civil Núm. SJ2015CV00049 Sobre: Injunction Preliminar y Permanente, Mandamus y Sentencia Declaratoria |
Panel integrado por su presidenta, la Juez Jiménez Velázquez, la Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand.
Rivera Marchand, Juez Ponente
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2017.
Comparece el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) y solicita que revoquemos la Sentencia Enmendada emitida el 17 de noviembre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro a quo desestimó el recurso extraordinario de injunction preliminar y permanente, mandamus y sentencia declaratoria presentado por el Colegio Bautista de Levittown y 47 Iglesias-Escuelas, por haberse tornado académico.
Veamos.
En el presente caso, 48 Iglesias-Escuelas presentaron una petición de injunction preliminar y permanente, mandamus, sentencia declaratoria y daños en contra del CEPR y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA).[1]
En apretada síntesis, alegaron que el CEPR pretende que las Iglesias-Escuelas cumplan con los requisitos de licenciamiento establecidos en el Plan de Reorganización 1-2010[2] y en el Reglamento para el Licenciamiento de las Instituciones de Educación Básica del país[3], contrario a la cláusula constitucional de libertad de culto y al Religious Freedom Restoration Act (RFRA). La norma establecida por el CEPR se fundamentó en la Opinión del Secretario de Justicia, Consulta Núm. 14-35-B (Op. Sec.),[4]
mediante la cual el Secretario concluyó que la Ley 82-1995[5] - ley que eximía a las Iglesias-Escuelas del requisito de licenciamiento - había sido derogada.
Pendiente el pleito de epígrafe y cuestionada la vigencia y aplicabilidad de la Ley 82-1995, supra, al caso, la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Concurrente Núm. 66 (R. Con. de la C. 66). Mediante la referida resolución, la Asamblea Legislativa hizo constar tres asuntos: (1) el derecho constitucional a la libertad religiosa y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias religiosas; (2) la definición del concepto de iglesias-escuelas; y (3) que las iglesias-escuelas no serán licenciadas por el Consejo de Educación de Puerto Rico.[6]
Evaluado lo anterior, el foro primario desestimó la totalidad de la reclamación instada por entender que se había tornado académica.[7]
Concluyó que la referida Resolución Concurrente se aprobó por la legislatura con el propósito de reafirmar la existencia y vigencia de la Ley 82-1995, supra, y para reiterar la aplicabilidad de RFPR en Puerto Rico.[8] El TPI tomó conocimiento judicial sobre las expresiones vertidas por los legisladores en la Resolución Concurrente, se declaró sin jurisdicción para resolver las controversias de hecho y derecho pendientes por éstas haberse tornado académicas y ordenó la desestimación del pleito.[9]
La parte demandada oportunamente solicitó reconsideración y relevo de la sentencia enmendada, la cual fue denegada por el foro primario. Inconforme con el dictamen, el CEPR presentó el recurso de apelación que nos ocupa, y señaló la comisión del siguiente error:
Erró el TPI al emitir una Sentencia Enmendada nula en violación al debido proceso de ley, sin jurisdicción y contraria al derecho vigente; mas resolver que las iglesias escuela pueden emitir diplomas válidos.
En cumplimiento de nuestra resolución la parte apelada presentó su alegato en oposición el 2 de febrero de 2017 por lo que con el beneficio de la comparecencia de ambas partes procedemos a resolver.
A. Academicidad
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