Sentencia de Tribunal Apelativo de 13 de Octubre de 2020, número de resolución KLCE202000949
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE202000949 |
| Tipo de recurso | KLCE |
| Fecha de Resolución | 13 de Octubre de 2020 |
| | | CERTIORARI procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama Caso Núm.: GM2019CV00377 (301) Sobre: DESPIDO INJUSTIFICADO LEY NÚM. 80 |
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez.
Brignoni Mártir, Juez Ponente
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2020.
Comparece ante nos la querellante, Verónica Ortiz (la peticionaria o querellante), quien presentó una Querella por despido injustificado en contra de la parte recurrida, Island Finance LLC, invocando las disposiciones que permiten su trámite expedito mediante el procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada. En su recurso ante nos, solicita que revoquemos una Resolución emitida el 1 de septiembre de 2020, mediante la cual, y ante una controversia en cuanto al método de reproducción a ser utilizada en la toma de deposiciones, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama (TPI), ordenó a cada una de las partes a transcribir a su costo las deposiciones que hayan sido solicitadas por cada parte y se notificarán dichas transcripciones a las demás partes en un término de 10 días.
De conformidad con las disposiciones de la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7, y con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida. Luego de examinada la naturaleza de la resolución recurrida y los argumentos esbozados por la parte peticionaria en su recurso y por la parte recurrida ante el TPI, determinamos denegar la expedición del Auto. Veamos.
La Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada, establece un procedimiento sumario para la tramitación de querellas instadas por los obreros o empleados contra su patrono por servicios prestados.
Berríos Heredia v. González, 151 DPR 327, 338 (2000). Esta importante ley reafirma la política pública del Estado de tramitar las reclamaciones laborales con prontitud, sin dilaciones que pudieran frustrar los fines de la justicia.
Berríos Heredia v. González, supra, a la pág. 339. En este caso, el Tribunal Supremo expresó:
Acorde con la esencia sumaria...
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